Ex integrante de la CVR es ahora fiscal coordinador para derechos humanos.

Una de las tareas que cumple Cubas Villanueva es viajar a las diversas fiscalías que ven casos de derechos humanos en el interior del país, para no sólo conocer la marcha de las denuncias sino también ver los resultados de los procesos. Otra de las labores realizadas por Cubas Villanueva, según dieron cuenta en el sector, es informar periódicamente a la Comisión de Derechos Humanos sobre la situación procesal de esos temas ventilados en los estrados judiciales, tarea que comparte con la llamada Coordinadora de Derechos Humanos.

Dentro de esa Unidad de Investigaciones Especiales de la CVR, de la que Cubas formaba parte como “responsable del grupo de investigaciones”, figuraba igualmente como “coordinador” el abogado　 Wilfredo Pedraza Sierra, ex director del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y conocido defensor del caviaraje local, con un sueldo de US$ 4,500.

No hay conflicto de intereses

Cubas Villanueva accedió a dialogar en su despacho con EXPRESO, en forma breve, para negar que haya un presunto conflicto de intereses entre su cargo actual en la Fiscalía respecto al que tuvo en el pasado dentro de la Comisión de la Verdad. Descartó también haber participado en algún tema sobre derechos humanos, cuando no era fiscal, y que ahora se encuentre bajo la jurisdicción de esa clase de fiscalías en el país, bajo su mando.
Recordó que luego del controvertido informe entregado a la Fiscalía de la Nación por la CVR, que se resumió en 47 denuncias penales contra oficiales y subfoficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, por presuntas desapariciones forzadas, homicidios, etc., que hoy, a la luz de la verdad, han empezado a esclarecerse, fueron presentados otros cargos contra más uniformados “pero por familiares de los desaparecidos en las zonas de emergencia del país”. No dio al detalle cuántos de estos casos se encuentran en giro. Lo que sí confirmó es que todo ellos se encuentran en la etapa de investigaciones preliminares porque, según precisó Cubas Villanueva, las exhumaciones y necropsias de cadáveres (al margen de sus ubicaciones) son lentas debido a las características propias de esa clase de pesquisas. El grueso de dichos caso está focalizado en Ayacucho, Huancavelica, Huanuco, Junín y Lima.

Preocupación
Pese a lo dicho por el fiscal Cubas Villanueva, oficiales de las FFAA expresaron su preocupación luego de dar a conocer las diversas falacias cometidas por a CVR en su “informe” entregado a la Fiscalía, no sin antes poner en conocimiento de los militares emplazados, como el general EP Adrián Huamán Centeno (ex jefe político-militar de Ayacucho), que iban a ser denunciados por presunta violación de los derechos humanos porque para dicha institución éste era culpable de los hechos que se le incriminaba. La prensa independiente como EXPRESO ha podido compulsar que el “famoso” informe emitido por el CVR incurrió en una serie de mentiras que poco a poco se han venido descubriendo, pero eso no quita que ellas se han convertido en una especie de mano invisible de las conocidas ONG progre ligadas a los derechos humanos en el país, porque han sabido infiltrarse en el aparato de justicia para desde allí presionar a sus representantes para un solo objetivo: poner contra la pared de la justicia a los militares que se fajaron con sacrificio contra el terrorismo, al que aquellas pusieron como víctima por intereses creados alrededor de esta lacra social que agravió al pueblo peruano durante veinte años.

Lo de Cubas Villanueva podría pasar al baúl de las enormes contradicciones no sólo del Ministerio Público sino también del Poder Judicial, respecto a estos procesos donde los militares son considerados como los supuestos violadores de los derechos humanos, mientras los subversivos, con sus matices de por medio, son vistos por las ONG como las “víctimas” durante ese episodio sangriento que tiñó de luto al Perú.

Juicios favorables

Lo que nunca han dicho los “paladines” de los derechos humanos es que, de acuerdo a la experiencia de guerra de las Fuerzas Armadas durante los veinte años de barbarie terrorista, luego de los enfrentamientos con las autoridades y cuando se producían bajas en las filas subversivas, los terroristas se llevaban a sus muertos con la finalidad de que éstos no sean identificados posteriormente.“Este modus operandi de los subversivos tenía un fin exclusivo: que las pesquisas no lleguen hasta el entorno de los terroristas captados pero muertos en esos momentos, porque precisamente a partir de allí se podría determinar cómo y quiénes fueron sus reclutadores para engordar las filas del terrorismo senderista”, señaló uno de los analistas de estos temas.“Entonces es obvio suponer que los tupacamaristas y senderistas, especialmente estos últimos, tenían que enterrar a sus muertos en lugares predeterminados para esos fines. Con el tiempo, y con el apoyo de abogados de las instituciones encargadas de ver casos sobre derechos humanos (léase progre), denunciaron cínicamente el descubrimiento de fosas con cadáveres (especialmente en la zona andina del país), que atribuyeron a esas ejecuciones extrajudiciales a las Fuerzas Armadas sin el menor aporte de pruebas”, describió la fuente.

Una de las cosas que nuestra fuente dejó en claro es que,　 si hubo excesos en el trabajo castrense para derrotar al terrorismo, éstos deben castigarse por medio de los canales correspondientes. “De esto somos conscientes pero no merecemos que todos los uniformados tengamos una suerte de etiqueta en nuestro pecho para que nos tilden de abusadores y asesinos, cuando en realidad todo lo que hicimos fue para llevar la paz al país librándolo del cáncer asesino del terrorismo”.

Otro tema que todavía subsiste es el relacionado al VRAE, donde no está el terrorismo puro como antes, sino un fenómeno conocido como “narcoterrorismo”, que es tan letal como el otro porque éste pretende tener dicha zona como su coto para hacer de las suyas con las firmas de narcotraficantes, a fin de seguir exportando la droga impunemente.