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OPINIONES SOBRE EL MALHADADO INFORME DE LA CVR A LOS SIETE AÑOS DE SU PRESENTACIÓN ANTE LA OPINIÓN NACIONAL.
ONGs ‘caviares’ admiten que se asociaron para dictar rumbo que debía seguir CVR. Pero ¿qué tan independiente fue el trabajo que realizó dicha comisión? En el artículo titulado “La Comisión de la Verdad y la Reconciliación”, publicado en la página web del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), –uno de sus directivos es Javier Ciurlizza, el de las conversaciones secretas con el líder senderista Abimael Guzmán– (en lo que respecta a las actividades del ICTJ en el Perú) se descubre la forma cómo las ONG ‘caviares’ vinculadas a la defensa de los derechos humanos se asociaron para señalar el rumbo que debía seguir la Comisión de la Verdad y Reconciliación en nuestro país, además de admitir que aportaron el marco conceptual para las recomendaciones de la comisión en materia de reparaciones.
El artículo que reproducimos a continuación –que es motivo de una investigación fiscal– nos da luces sobre esta situación.
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) fue convocada en julio de 2001 para investigar los abusos de los derechos humanos ocurridos entre 1980 y 2000, contribuir a hacer justicia y aportar recomendaciones. El informe final de la CVR, publicado en agosto de 2003, concluyó que la violencia insurgente y las tácticas de contrainsurgencia causaron, según las estimaciones, unas 69,000 muertes y desapariciones, en su mayoría en comunidades indígenas. La comisión recomendó un plan exhaustivo de reparaciones, persecuciones penales, y el ICTJ, comenzó a trabajar con actores locales en el Perú a inicios de 2001. La Asociada Principal Lisa Magarrell dirige el programa de Perú en el ICTJ desde agosto de 2001. Luego de aportar observaciones preliminares sobre los términos de referencia de lo que se convertiría en el mandato de la comisión, el centro siguió brindando apoyo y asesoría técnica a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en la medida en que ésta se formaba y comenzaba a funcionar. El ICTJ facilitó los contactos entre la comisión y otras comisiones pasadas y presentes en todo el mundo. Entre agosto de 2001 y el cierre del trabajo de la Comisión en 2003, más de una docena de consultores del ICTJ con experiencia en Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Sudáfrica y otros países, aportaron insumos a la CVR y a las ONG sobre temas tales como el diseño de una base de datos, metodología de la investigación, derecho penal internacional, derecho de los derechos humanos, derecho humanitario, práctica de audiencias públicas y políticas de reparación.
El centro le facilitó también al director de relaciones externas de la comisión consultas con expertos en comunicaciones y con museos de la conciencia en las ciudades de Nueva York y Washington.
Para permitir un mayor acceso al informe final de la CVR, el Centro lo tradujo al inglés y distribuyó ampliamente su índice de contenidos, sus conclusiones y un resumen de sus recomendaciones. El centro se ha pronunciado en numerosas ocasiones en Estados Unidos y en otros lugares, sobre el proceso peruano. Ha participado en tres foros internacionales realizados en Perú sobre la justicia transicional y los retos de la fase post-CVR. El consultor del ICTJ y antiguo comisionado de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica, Bongani Finca, fue conferencista en un evento patrocinado por la CVR en junio de 2003, antes de la publicación del informe. Juan E. Méndez, presidente del ICTJ y la Sra. Magarrell hablaron en una conferencia sobre el proceso post-CVR en julio de 2004.
La señora Magarrell regresó a inicios del 2005 para participar en otro evento internacional en que se examinaba el impacto de la comisión. El ICTJ aporta asesoría técnica y apoyo con relación al proceso de reparaciones en Perú y colabora con APRODEH y su trabajo de justicia penal a favor de las víctimas.
El informe producto del proyecto, “Parámetros para el Diseño de un Programa de Reparaciones en Perú” (Parameters for the Design of a Reparations Program in Peru) fue presentado a estos sectores y a grupos de víctimas en octubre de 2002 y circuló ampliamente en una versión más sencilla. Habiendo ayudado a definir el terreno común para del debate público y privado sobre las reparaciones, y aportado un marco conceptual para las recomendaciones de la comisión en materia de reparaciones, el informe sirvió de referencia para aquellos que se dedican al tema.
En 2004 y 2005, a través del trabajo de la Guillerot en Perú, el ICTJ participó en los esfuerzos por elaborar y aprobar legislación que creaba la condición de “desaparición” de acuerdo con la ley civil, un programa nacional de reparaciones y un registro de víctimas.
El trabajo del centro en materia de reparaciones en el Perú no sólo ayudó a desarrollar experticia en ese país, dando fundamento al proceso de reparaciones hasta hoy, sino que los consultores del ICTJ han seguido brindando orientaciones a los procesos de reparación en otros contextos, entre ellos Timor-Leste y Colombia. Las investigaciones y enjuiciamientos, recomendados por la CVR y aceptados por la jurisprudencia interamericana en cuanto a leyes de amnistía anteriores, han enfrentado diversos obstáculos en el período post-CVR, incluyendo un tratamiento desigual y afirmaciones de los acusados sobre impedimentos procesales. No obstante, en decisiones importantes que sucedieron a la publicación del informe de la CVR, la Corte Constitucional del Perú confirmó el derecho a la verdad y la inaplicabilidad de la prescripción en casos de desaparición. Desde el 2002 y hasta mediados del 2004, el antiguo asociado principal Paul Seils aportó información y experticia a las ONG y a los fiscales sobre las técnicas y estrategias de investigación de crímenes masivos. En coauspicio con Aprodeh, en junio, julio y diciembre de 2002, el equipo del ICTJ y los consultores facilitaron talleres y aportaron copiosos materiales a los abogados de ONG, a la policía, y a los fiscales y jueces involucrados en la investigación y persecución penal de violaciones de los derechos humanos del pasado.
Igualmente, el centro estimuló la discusión entre las ONG y aportó un análisis escrito de las estrategias para la persecución penal de “crímenes del sistema” (crímenes planeados y ejecutados por personas que actúan en nombre del estado). En 2004 y 2005, un consultor pasó casi 20 semanas en Perú brindando apoyo técnico intensivo al equipo jurídico de Aprodeh en su trabajo sobre la persecución penal nacional de crímenes internacionales. El trabajo del ICTJ en Perú continuó en 2006 en forma de misiones de terreno y talleres con jueces, fiscales y otras ONG.
Con el apoyo del ICTJ, el trabajo de Aprodeh condujo a la expedición de órdenes de arresto contra varios oficiales del ejército bajo investigación por su participación en las ejecuciones o desapariciones de más de 50 personas en la base militar de Cabitos en Ayacucho, Perú. El caso se encuentra aún en desarrollo. En noviembre de 2000, el desenmascaramiento de una extensa red de corrupción a los más altos niveles del gobierno y la consiguiente indignación pública de la sociedad civil condujeron al autoexilio en Japón del entonces presidente Alberto Fujimori. Un gobierno interino asumió el poder, y a fines de julio de 2001 el recién electo Presidente Alejandro Toledo tomó juramento.. El espacio político que se abrió a fines del 2000 condujo también a la propuesta por parte de la comunidad de derechos humanos local de crear una comisión de la verdad, establecida por decreto presidencial en junio de 2001.
Se encargó a la comisión investigar violaciones de los derechos humanos y “violencia terrorista” atribuible al estado o a grupos subversivos entre mayo de 1980 y noviembre de 2000.
Diario Expreso páginas 4 y 5. Publicado el 28 de agosto del 2010 |
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