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DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA - El poder comunista en la justicia peruana
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sábado, 18 de noviembre de 2017
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El poder comunista en la justicia peruana

El reciclaje de los camaradas de VR, el MIR y el PCR bajo el comando de Diego García-Sayán

A fines de los años ‘70 e inicios de los ‘80, los camaradas de Vanguardia Revolucionaria (VR), del Partido Comunista Revolucionario (PCR) y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) comprendieron los límites de su discurso a favor de la lucha armada maoísta o guevarista. Ya no veían a Sendero Luminoso como el aliado del "campo popular", sino que empezaban a tomar distancia, sobre todo cuando en la década crítica de los ‘80 la dinamita, las balas y los coches-bomba dieron alcance a algunos de los dirigentes de la izquierda.

El Perú con terrorismo fue terrible. Coches-bomba, los ecos de la dinamita, la guerra interna en los frentes Mantaro, Huallaga y en el mismo escenario capitalino donde operaban el comité metropolitano de Sendero y el sanguinario y asesino grupo Socorro Popular, el desfile macabro de cadáveres, las comunidades asoladas, el atentado último en jirón Tarata de Miraflores (ya en los ‘90), los apagones constantes, el rastro sangriento de una experiencia desconocida por la nueva generación.
En ese entonces, entre los activistas de VR, PCR y MIR, que en algún momento se juntarían en el Partido Unificado Mariateguista (PUM), muchos tomaron distancia de esa patología política encabezada por Abimael Guzmán. Pero no lo enfrentaron como era debido, por un sentimiento de culpa: ¿Cómo podían enfrentar a Sendero Luminoso que llevaba a la práctica lo que camaradas como Diego García-Sayán y Carlos Tapia (ambos del MIR), o Ronald Gamarra (un periférico del MRTA), entre muchos otros, habían pregonado en las aulas universitarias y las movilizaciones callejeras: la lucha armada?
Enemigos seculares de instituciones como la Fuerza Armada, al no haber cuestionado sin ambigüedades el curso terrorista de la aventura senderista, fueron meros testigos de la batalla que se dio en el terreno de las armas y en muchos casos su actividad abonó a favor de Sendero Luminoso.
Y es que para entonces, los viejos partidarios de la lucha armada como el vanguardista Francisco Soberón, ya se estaban reciclando en la temática de los derechos humanos, igual que Sofía Macher y su esposo Hans Landolt, ex militarista en el grupo PCR.
Otros como Nicolás Lynch, el popular "Coche bomba" del PCR, a mediados de los años ‘80, proponían con carácter de urgencia desmaoizar dicho PCR en la Universidad de San Marcos. Pero no faltó entre sus camaradas quien le dijera que primero debería desmaoizar su célula que precisamente se llamaba "Mao Tse Tung". Desde ese momento Lynch leerá con fruición el concepto de ciudadanía y descubrirá la teoría de gobernabilidad de Harvard, es decir la izquierdizante, la sucesora del neoconservador Samuel Huntington.

El reciclaje
Este es el momento del reciclaje de los amigos de Sendero. En efecto, unos virarán al tema de los derechos humanos, que tiene por misión enfrentar a la Fuerza Armada en el nuevo escenario de conflicto (el terreno legal), para lo cual implementarán (en el gobierno de Valentín Paniagua) la Comisión de la Verdad, y controlarán la Defensoría del Pueblo, en especial en el periodo de Walter Albán, también de procedencia roja, no sin antes haber asumido el Ministerio de Justicia con Diego García-Sayán.
Para entonces otros habrán implementado grandes ONG como el Instituto de Defensa Legal, de donde procede el camarada Ronald Gamarra; la Comisión Andina de Juristas, de Diego García-Sayán (MIR) y Enrique Bernales Ballesteros (PSR). Luego aparecerá, para completar el círculo, el consorcio Justicia Viva.
Un tercer grupo anclará en el tema de la descentralización, capitaneado por Manuel Dammert Ego-Aguirre, Carlos Barnechea Lercari, Rudecindo Vega Zavaleta.
Otros primos ideológicos de Abimael Guzmán se instalarán en los temas de la seguridad interna y la temática de la violencia, como los famosos senderólogos encabezados por Carlos Tapia y un conjunto de "analistas políticos" que opinarán principalmente desde periódicos de los que se sirven.
No se diga que las ONG han sido impolutas en su gestación y evolución. Fueron muy pragmáticas. Tanto es así que varias de ellas trabajaron con el gobierno de Alberto Fujimori, en especial en el terreno de la administración de justicia y la Academia de la Magistratura, como ha sucedido con la Comisión Andina de Juristas, de Diego García-Sayán.
Para muestra, un botón: Abraham Siles Vallejos, de Justicia Viva, ha sido un funcionario PNUD que trabajó en el llamado proceso de Modernización y Reforma del Poder Judicial los años 1997, 1998 y 1999.
Pero a la caída de Fujimori y la instauración del gobierno de transición exigieron su cuota de poder básicamente en dos frentes: el control del Ministerio de Justicia y del aparato judicial, a través de procuradores Ad Hoc y una red de fiscales y jueces. Y el copamiento de la millonaria cooperación internacional que por entonces llegaba a 360 millones de dólares anuales.

Liberación de terroristas
La red de justicia manejada por el poder comunista, empieza allí. La capitanea García-Sayán, quien asume el cargo el 25 de noviembre del 2000. Lo primero que hace el antiguo impulsor de invasiones de tierras en su época guerrillerista es firmar, el mismo día de su asunción al cargo, dos resoluciones con carácter de "estrictamente secreto" (no publicables en El Peruano), sobre conmutación de penas y rebajas de sentencias para liberar a dos terroristas de la cárcel.
Una semana después firmará otras once resoluciones supremas, éstas sí publicadas el 2 de diciembre del 2000 en la gaceta oficial, para beneficio de indultos.
Tres días después se publicarán otras 8 resoluciones otorgando perdón a igual número de subversivos. Y el 10 de diciembre del 2000 salen a luz otras 10 normas de indulto a condenados por "traición a la patria".
En dos semanas García-Sayán indultó a 31 terroristas. Este fue apenas el inicio de su política de "humanización" de los establecimientos penales, de flexibilización carcelaria, en fin de liberación de miles de terroristas.

Los cómplices
Cuando fuera titular de Justicia, García-Sayán mantuvo a los procuradores Ad Hoc del caso Montesinos contratados por Alberto Fujimori, es decir, José Ugaz y Luis Vargas Valdivia. Pero antes de incorporar a Ronald Gamarra (de la ONG IDL) a la procuraduría, en asuntos de derechos humanos, convocó a Javier Ciurlizza Contreras como jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Justicia y el 16 de enero del 2001 lo nombró presidente de la Comisión de Indultos, derecho de gracia y conmutación de penas para los casos de terrorismo.
Quienes conocen el pasado de Ciurlizza afirman que militó en la filas del PCR. No olvidemos que es el mismo personaje de los famosos audios Ciurlizza, quien fue a negociar y/o conferenciar a la Base Naval con los cabecillas de Sendero Luminoso y del MRTA varios puntos de agenda, como la famosa flexibilización carcelaria, y la misma composición de la Comisión de la Verdad, de la cual posteriormente Ciurlizza habría de ser secretario ejecutivo. Ultimamente se afirma que García-Sayán ha implantado a Ciurlizza en Relaciones Exteriores.
Otro integrante de la maquinaria comunista en justicia ha sido Iván Bazán Chacón, de la ONG Fedepaz (Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz). Fue el primer secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y Conmutación de Penas.
Esta red mantuvo en la procuraduría Ad Hoc a José Ugaz, de la ONG Proética y a su socio Luis Vargas Valdivia. Pero lo reforzó con Ronald Gamarra, cuyo historial es bien conocido, no solo en las aulas de San Marcos, sino como activista de Pueblo en Marcha que, junto a la Unidad Democrática Popular de Cecilia Oviedo, hoy exiliada en México, eran el brazo legal del MRTA.
El fundamentalismo de Gamarra y su actitud carcelera para con los militares y policías acusados de presuntos delitos de violación de derechos humanos tiene pues este ingrediente. Y lo ha dicho en más de una oportunidad: no es imparcial. Y tiene muchas razones para no serlo, como se demostrará si es necesario.
No obstante que el gobierno de Alejandro Toledo ha tomado debida nota del juego propio en que estaban inmersos estos personajes que usaban sus cargos y la política anticorrupción para sus venganzas político-ideológicas, el nuevo procurador formó parte de la misma vertiente: Antonio Maldonado también fue militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR).
Y las mismas circunstancias se dan en el Ministerio Público, donde ejerce el poder comunista el hoy fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, que también fuera del PCR en las aulas sanmarquinas.
En el Poder Judicial el máximo exponente de la famosa red es el vocal supremo César San Martín Castro, socio del estudio Ugaz, que es el principal estudio jurídico del poder comunista en la Justicia, y teórico de buena parte de la legislación antigarantista en materia anticorrupción. Es el creador de la figura jurídica de "complicidad en peculado" que ha servido para encarcelar a los enemigos políticos de la izquierda caviar y a los fujimoristas.
El grupo reciclado de los camaradas tiene además sus tontos útiles y sus clientes en la Judicatura. Entre los primeros está obviamente Valentín Paniagua Corazao. Para algunos también podría estar en esta categoría Juan Jiménez Mayor, ex viceministro de Justicia y asesor del Ceriajus.
El poder comunista en la Justicia, en especial del IDL y Justicia Viva, se dice que han sometido a prebendas académicas, sociales y de promoción mediática de sus causas a varias magistradas anticorrupción: Inés Felipa Villa Bonilla, Inés Tello Valcárcel de Ñecco, Hilda Cecilia Piedra Rojas, Araceli Baca cabrera, Susana Inés Castañeda Otsu, Carlos Ventura Cueva y Saúl Peña Farfán.
En el área administrativa estuvo en la secretaría técnica del Poder Judicial la abogada Rosa Mavila León, ex dirigente del PCR, precisamente en el periodo en que fuera presidente de la Corte Suprema el doctor Hugo Sibina Hurtado.
En las ONG operan los siguientes personajes de ideología comunista:
-Ernesto de la Jara, ex PCR y actual director general del Consorcio Justicia Viva y también alto directivo del IDL.
-David Lovatón Palacios, director general del IDL.
-Abraham Siles Vallejos, coordinador general de Justicia Viva.
-Carlos Rivera Paz, ex PUM, coordinador legal de Justicia Viva.
Otros personajes gravitantes son:
-Gino Costa, ex militante del Partido Socialista Revolucionario (PSR) y ex viceministro de Justicia y ministro del Interior.
-Francisco Soberón, ex VR y de la ONG Aprodeh.
-Sofía Macher (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos).
-Miguel Jugo
También están implicados en la organización Ernesto Cáceres, ex secretario general del PUM y Miguel Huerta.

LA RAZON - Informe Especial
03 de enero del 2006

 
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