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jueves, 28 de marzo de 2024
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Metodología errática de la CVR

Existe una prudente distancia temporal que permite apreciar los desaciertos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación CVR. Uno de ellos es la perversa metodología de trabajo implementada por aquellos comisionados. Cada día hay más especialistas que encuentran en aquel sistema una cadena interminable de errores y omisiones que descalifican a cabalidad el Informe Final de dicha comisión.

Casi todos los integrantes de la CVR pertenecieron originalmente a la facción de extrema izquierda conocida como el MIR. Con el correr de los años migraron a otros movimientos marxistas. Aquello les permitió ocupar cargos académicos universitarios y asimismo maquillar su vida profesional como “exitosos” investigadores sociales.

Muchas partes del Informe Final de la CVR son compilaciones documentadas sobre aspectos antropológicos o sociológicos. Sin embargo esos elementos per se no garantizan que la visión en conjunto –y menos sus conclusiones- respondan a la verdad, ya que salta a la vista una enorme cantidad de falencias, omisiones, errores y hasta sesgos garrafales que no reflejan una investigación rigurosa ni menos metodológica.

Primero. Los comisionados fallaron en los datos estadísticos. No se preocuparon de enriquecerlos. Se respaldaron tan sólo en la data que desde hace años manejaban –cuando no- las ONG que, como todos sabemos, tenían una información estadística propia, orientada de antemano a la condena del Estado y de las FF AA.
Segundo. Los comisionados tampoco precisaron fielmente las etapas de su investigación, tanto es así que –sin recabar las debidas testimoniales– pasaron de frente a validar versiones o simples trascendidos de las supuestas víctimas civiles. De allí ingresaron al campo de las exhumaciones y a las audiencias públicas, desde donde los testigos manipulados lloraban y los comisionados –mujeres sobre todo– les hacían coro causando con ello tal impacto emocional que los televidentes se sentían intoxicados por la repetición excesiva de esas escenas montadas adrede con dinero del Estado. Y cuando ya tenían su informe final redactado, es decir, faltando poco tiempo para que termine su trabajo, entonces recién citaron a los militares para que dieran su versión.

Tercero. Otro error inducido por la CV fue no contar con una cronología fiel de los hechos, en paralelo a la que manejaba Sendero y a aquella que usaban las Fuerzas del Orden. Sin esa indispensable etapa previa fue fácil cometer su error de objetividad e imparcialidad –lo que en efecto ocurrió– pues sin ella no era posible contrastar las versiones, confrontar a los protagonistas ni menos cruzar las informaciones.
Cuarto. La CVR acató la estrategia de los terroristas. Esta consistió en crearle trampas a las Fuerzas del Orden, las que en la práctica fueron arrastradas a cometer errores y así aparecer como violadores de los DDHH. Recordemos que Abimael Guzmán decía “a más sangre más revolución” y “se debe destruir para después construir”. Los miembros de la CVR manipularon asimismo la lista de lugares donde supuestamente se violaron derechos humanos. Tampoco interrogaron a los terroristas presos para, recogida su versión, recién interrogar a los militares.

Quinto. Un nuevo error metodológico de la CVR es no haber presentado en su Informe un estudio completo de la historia de la izquierda marxista –entre los setenta y ochenta– ya que si así se hubiera hecho habría tenido un real panorama de las principales facciones en combate. Esto lo omitió la CVR porque en esa historia iban a aparecer los nombres de quienes hoy son prominentes miembros de influyentes ONGs financiadas con dinero extranjero que dominan a sus anchas el actuar del Estado. Además aquello habría permitido dar a conocer que muchos de quienes participaron en la lucha asesina conocían hasta la amistad a varios comisionados desde su época de juventud. Y, por tanto, esa cercanía impedía a esos varios comisionados el informe cruel que necesitaban.
En consecuencia, el Informe Final de la CVR de ninguna manera puede erigirse en un documento de referencia para el Estado.

Expreso
17 de enero del 2006

 
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