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jueves, 02 de febrero de 2023
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Informe de la CVR es una compilación de problemas: Raúl Gonzalez

La reciente propuesta de las ONGs de derechos humanos para que los candidatos suscriban un documento y se comprometan a aplicar las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), ha vuelto a poner sobre el tapete el Informe de este organismo, el que en su momento fue copado por ex izquierdistas con una visión esencialmente antimilitarista. El sociólogo Raúl González retoma el tema en esta entrevista y desmenuza el contenido de dicho documento.

–¿Cuáles son los puntos más polémicos y controversiales del Informe de la Comisión de la Verdad?
Creo que el Informe Final de la CVR es una buena compilación de los problemas que tiene el Perú. Sin embargo, está pensado por muchos autores distintos, con distintas ópticas y formación variada, y eso no sirve para explicar lo que ocurrió en el país en las últimas dos décadas. No sirve porque no existe vinculación entre problemas como el racismo, la postergación, la discriminación étnica abordados en el informe, y lo ocurrido con Sendero o con la represión gubernamental.

–¿A qué se debe esto?
Creo que los comisionados abordan mal el tema, tanto en su concepción como en su metodología. Y porque lo ocurrido desde el día que Sendero se levantó en armas se explica por la concepción militar y política que Guzmán le da a “su guerra”, que debía ser en el campo y “que tenía” que eliminar a civiles en sendos juicios populares para construir el nuevo orden social... Problema teórico y metodológico, pero planteado mal.

–¿Y cuáles son esos problemas metodológicos y conceptuales?
En las Conclusiones, parten de la premisa y afirman que lo ocurrido en el Perú en los años 80 y 90, fue un “conflicto armado interno”, y lo definen como un “proceso de violencia de origen político”, con una notoria relación con la pobreza y exclusión, donde la población campesina fue su principal víctima. Es decir, le dan a Sendero el carácter de actor legítimo armado y por eso le reprochan haber realizado acciones que violan las convenciones de Ginebra. Por eso, indistintamente, los llaman insurrectos, guerrilleros y subversivos. Pocas veces la CVR los califica de terroristas.

–¿O sea que no hay claridad en la calificación?
Hay un problema conceptual, porque cuando se habla de guerrilla se entiende que hay un grupo o un foco que se levanta en armas y a eso se le combate con una columna militar, así como a un grupo de delincuentes se le combate con la policía. Cuando se habla de un grupo subversivo, cuyo objetivo es tomar el poder, se le combate con todas las fuerzas: la policía y el ejército, y el gobierno tiene que tener una estrategia porque lo quiere derrocar. En cambio, a un grupo terrorista, que no se le ve, no se le encuentra, se le combate con inteligencia. Para mí se trató de un grupo subversivo y terrorista a la vez. Querían capturar el poder y a la vez usaban coches bomba para lograr ese objetivo. Esto es importante, porque si no caracterizas bien a tu rival, no tienes cómo combatirlo y derrotarlo.

–¿Cuáles son los errores de método?
Cuando se instala la CVR, se aprueba una metodología de trabajo mediante la cual se acopia información. Luego se realizan las audiencias públicas, las investigaciones y las exhumaciones, que se practican tomando como base un listado de las ONGs de derechos humanos y de la Defensoría del Pueblo .

–¿Y cómo debió hacerse?
Primero debió conocerse la racionalidad de los actores. Recoger la versión directa de los terroristas y militares que están detenidos, para así poder tener un panorama mucho más claro de su actuación. Erróneamente, en cambio le dieron un carácter verdadero a todos los testimonios públicos. Es más, debieron establecer una metodología que señale las etapas de investigación, elaborar una buena base de datos y luego comparar esos testimonios con la base de datos para saber si son verdaderos.

–¿Qué problemas hubo con los testimonios presentados?
Hay documentos encontrados por la policía a uno de los mandos de SL, que prueban que esta agrupación terrorista había dado la consigna a sus militantes para que asistan a esas audiencias públicas de la CVR y denuncien supuestas violaciones de derechos humanos por los militares o policías, sin importar que fuera por el mismo caso. La táctica de Sendero era presentar más denuncias para demostrar que hubo genocidio. Eran documentos que salían de la Base Naval y de los penales.
Si la CVR hubiera contado con su propia base de datos, esas denuncias forzadas caían en saco roto.

–Ahora ¿qué observaciones tiene al mismo Informe?
Permítame terminar. El otro problema metodológico es que los comisionados se repartieron la torta. Uno se dedicó a buscar las causas, otro la historia de Sendero, otro la historia del MRTA, otro aborda a Sendero y al MRTA en los diferentes lugares, y otro más investigó a la contrasubversión. Es decir, el grupo que analizó las causas lo hizo sin haber hablado con los senderistas y con el MRTA, y terminó decidiendo arbitrariamente cuáles eran las causas; es obvio que hubo una predisposición en la elaboración del informe.
Lo más aberrante es que a otro grupo se le encargó formular las recomendaciones. La pregunta es ¿cómo iba a recomendar algo si no conocía las causas porque eso lo estaba realizando otro equipo. Es decir, todos trabajaban paralelamente.
El dato
“La Defensoría del Pueblo debe ser financiada exclusivamente por el Estado y no por organismos internacionales, para que su labor no esté condicionada”, sostiene Raúl González.
Citaban a militares sólo por cumplir

–¿Qué otros errores puede mencionar?
El hecho es que a los militares los citaron en las últimas fechas. Primero los acusaban y luego los citaban para que supuestamente demuestren su inocencia. En otras palabras, aplicaron la metodología al revés. Ya tenían la investigación terminada y los citaban cuando faltaba diez días o una semana para terminar.
El informe nació mal. Si la concepción está mal, si la metodología no es la adecuada, entonces las conclusiones tampoco van a ser las correctas.

–¿Qué puede decirnos sobre la presencia de gente de izquierda en la CVR?
Aún cuando eso puede ser cierto, no es el problema central. Para mí el Informe Final es sólo una buena compilación, pero con grandes omisiones en el contenido. No se precisa la historia de la izquierda peruana y, dentro de ella, la trayectoria de Sendero Luminoso. Además, se consignó la totalidad de nombres y apellidos de dirigentes y mandos medios de SL. A los mandos militares también se les identifica con pelos y señales. Sin embargo, del MRTA sólo se nombra a los dirigentes.

–¿A qué se debe este trato diferenciado?
Esto ocurre porque son de la misma generación. En muchos casos porque son compañeros de Polay. La CVR fue integrada por gente del ex MIR. Ellos han formado parte de la izquierda y tenían un enfoque político y una visión parcializada.

–¿Enfoque antimiltarista en el documento de la CVR?
Creo que también hay una tendencia antimilitarista. Ahora, esa tendencia no es exclusivamente del Perú, sino mundial. Se piensa que los militares no tienen razón de ser y por ello hay que destruirlos. En 1992 se discutía qué va a pasar con los ejércitos nacionales cuando tengamos una “macro nación” al estilo de la comunidad europea, y se planteaba que había que reducir el presupuesto, modificar el concepto de seguridad, reducir fuerzas y pensar más como nación. Esa corriente de pensamiento se junta con la de derechos humanos y desde ahí proponen la reducción de los gastos militares.

–¿Cómo se traduce esta corriente en el Perú?
En el Perú, como sabemos, los grupos de izquierda siempre se caracterizaron por ser antimilitares y antiapristas. Esas características, principalmente el antimilitarismo, nada lo ha hecho cambiar, a pesar que muchos dejaron de ser marxistas y cedieron ante la economía de mercado.
Hay que recordar también que quienes integraron la CVR sólo representaban a los grupos que están detrás de las ONG de derechos humanos, que no representan ni al APRA, ni a Acción Popular, ni a Unidad Nacional, ni a ninguna institución peruana. Estamos manejados y queremos ser dirigidos por una minoría.

-¿Es cierto que para acusar a los militares, los fiscales se basan en lo que dice el Informe de la CVR?
Creo que la culpa es de los fiscales que no investigan, y no lo hacen por ‘facilismo’, oportunismo o por simple incompetencia.
Hay que recordar que quienes integraban la CVR sólo representaban a los grupos que están detrás de los derechos humanos. Estamos manejados y dirigidos por una minoría.

–¿Está bien que las ONGs capaciten en derechos humanos a los jueces que juzgan a los militares procesados?
No quiero hacer de fiscal de las ONGs. Es su derecho proponer y hacer lo que consideren correcto, pues estamos dentro de la democracia. El problema está en el Poder Judicial y el Estado que se lo permiten. ¿Por qué no puede hacer eso mismo el gobierno? ¿Hay que asumir que no somos capaces?

Expreso 16 de enero del 2006

 
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