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DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA - Ex integrante de la CVR es ahora fiscal coordinador para derechos humanos

Ex integrante de la CVR es ahora fiscal coordinador para derechos humanos.

“Perlas” de dicha comisión comienzan a descubrirse.

Aunque parezca mentira, el largo brazo de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) caviares ligadas a la dizque defensa de los derechos humanos sigue palpándose en el sistema de justicia, en su afán de seguir maltratando a las Fuerzas Armadas que lucharon contra el flagelo del terrorismo, vencido en 1992 con la caída de la cúpula genocida terrorista (Abimael Guzmán Reynoso, Elena Iparraguirre y otros), y antes el llamado Movimiento Revolucionario Túpac Amaru; pero, sin embargo, ahora sigue demostrando que sigue latente a través de un fenómeno que cobra día a día más víctimas en el VRAE: el narcoterrorismo.

Una de esas cuestiones incomprensibles para el ciudadano de a pie es, por ejemplo, es el nombramiento del fiscal superior Víctor Manuel Cubas Villanueva como coordinador a nivel nacional de todas las fiscalías encargadas de ver casos sobre derechos humanos, teniendo en cuenta que luego de ser cesado dicho magistrado en la década pasada, regresó al Ministerio Público hace pocos años y, ¡oh sorpresa!, fue nombrado por este organismo para cumplir con dicho encargo.

Contratado
De acuerdo a la documentación obtenida por EXPRESO, el señor Cubas Villanueva fue asalariado de la desprestigiada Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional (nombre completo de esta institución para lo que fue concebida por el gobierno de Valentín Paniagua Corazao, en el 2001), hecho que para muchos hombres de derecho lo desligitimaría para ser coordinador de las fiscalías especializadas en DDHH por una cuestión de sentido común o, si se quiere, por ética.

¿Cuánto ganaba el señor Cubas Villanueva en la CVR, donde tenía el cargo de “responsable del grupo de investigaciones” de ésta? Nada menos que dos mil doscientos dólares de esa época. Pero es bueno recalcar que esto no es motivo de cuestionamiento, porque a la postre Cubas estaba ejerciendo su derecho al trabajo y punto, porque estaba cesado en circunstancias como fiscal superior penal. Actualmente, dicho magistrado es titular de la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional.

Inspecciones in situ

Una de las tareas que cumple Cubas Villanueva es viajar a las diversas fiscalías que ven casos de derechos humanos en el interior del país, para no sólo conocer la marcha de las denuncias sino también ver los resultados de los procesos. Otra de las labores realizadas por Cubas Villanueva, según dieron cuenta en el sector, es informar periódicamente a la Comisión de Derechos Humanos sobre la situación procesal de esos temas ventilados en los estrados judiciales, tarea que comparte con la llamada Coordinadora de Derechos Humanos.

Dentro de esa Unidad de Investigaciones Especiales de la CVR, de la que Cubas formaba parte como “responsable del grupo de investigaciones”, figuraba igualmente como “coordinador” el abogado  Wilfredo Pedraza Sierra, ex director del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y conocido defensor del caviaraje local, con un sueldo de US$ 4,500.

No hay conflicto de intereses

Cubas Villanueva accedió a dialogar en su despacho con EXPRESO, en forma breve, para negar que haya un presunto conflicto de intereses entre su cargo actual en la Fiscalía respecto al que tuvo en el pasado dentro de la Comisión de la Verdad. Descartó también haber participado en algún tema sobre derechos humanos, cuando no era fiscal, y que ahora se encuentre bajo la jurisdicción de esa clase de fiscalías en el país, bajo su mando.
Recordó que luego del controvertido informe entregado a la Fiscalía de la Nación por la CVR, que se resumió en 47 denuncias penales contra oficiales y subfoficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, por presuntas desapariciones forzadas, homicidios, etc., que hoy, a la luz de la verdad, han empezado a esclarecerse, fueron presentados otros cargos contra más uniformados “pero por familiares de los desaparecidos en las zonas de emergencia del país”. No dio al detalle cuántos de estos casos se encuentran en giro. Lo que sí confirmó es que todo ellos se encuentran en la etapa de investigaciones preliminares porque, según precisó Cubas Villanueva, las exhumaciones y necropsias de cadáveres (al margen de sus ubicaciones) son lentas debido a las características propias de esa clase de pesquisas. El grueso de dichos caso está focalizado en Ayacucho, Huancavelica, Huanuco, Junín y Lima.

Preocupación
Pese a lo dicho por el fiscal Cubas Villanueva, oficiales de las FFAA expresaron su preocupación luego de dar a conocer las diversas falacias cometidas por a CVR en su “informe” entregado a la Fiscalía, no sin antes poner en conocimiento de los militares emplazados, como el general EP Adrián Huamán Centeno (ex jefe político-militar de Ayacucho), que iban a ser denunciados por presunta violación de los derechos humanos porque para dicha institución éste era culpable de los hechos que se le incriminaba. La prensa independiente como EXPRESO ha podido compulsar que el “famoso” informe emitido por el CVR incurrió en una serie de mentiras que poco a poco se han venido descubriendo, pero eso no quita que ellas se han convertido en una especie de mano invisible de las conocidas ONG progre ligadas a los derechos humanos en el país, porque han sabido infiltrarse en el aparato de justicia para desde allí presionar a sus representantes para un solo objetivo: poner contra la pared de la justicia a los militares que se fajaron con sacrificio contra el terrorismo, al que aquellas pusieron como víctima por intereses creados alrededor de esta lacra social que agravió al pueblo peruano durante veinte años.

Lo de Cubas Villanueva podría pasar al baúl de las enormes contradicciones no sólo del Ministerio Público sino también del Poder Judicial, respecto a estos procesos donde los militares son considerados como los supuestos violadores de los derechos humanos, mientras los subversivos, con sus matices de por medio, son vistos por las ONG como las “víctimas” durante ese episodio sangriento que tiñó de luto al Perú.

Juicios favorables

“Podemos decir que, si bien es cierto los procesos contra los militares acusados por derechos humanos no han acabado hasta ahora; se ha dado un paso adelante porque hay un ochenta por ciento de casos en su contra que han salido favorables, en segunda instancia, por lo que se espera que en la Corte Suprema sean ratificadas estas sentencias”, reconoció una fuente castrense ante EXPRESO. Uno de esos casos emblemáticos es conocido como “Los Laureles” (Frente Huallaga), donde fueron procesados altos oficiales del Ejército y absueltos de cargos relacionados a derechos humanos (desaparición forzada de personas), luego que la Sala Penal Nacional llegara a la conclusión de que no había pruebas reales como para condenar a dichos encausados y por las contradicciones de los testigos de los supuestos hechos.
Por supuesto que la famosa tesis de las ONG progre conocida como la autoría mediata, fue pulverizada por dicho tribunal de justicia con su veredicto que definitivamente sentará precedente en el Poder Judicial respecto a casos análogos. Así fueron absueltos los generales EP Oswaldo Hanke Velasco, Miguel Enrique Rojas García, así como el oficial Jesús Alfonso del Carpio Cornejo. Rojas García era acusado de ser el supuesto autor inmediato de presuntas desapariciones de personas, en la localidad de Tingo María, pero todo fue desbaratado por la justicia.

Se llevan a sus muertos

Lo que nunca han dicho los “paladines” de los derechos humanos es que, de acuerdo a la experiencia de guerra de las Fuerzas Armadas durante los veinte años de barbarie terrorista, luego de los enfrentamientos con las autoridades y cuando se producían bajas en las filas subversivas, los terroristas se llevaban a sus muertos con la finalidad de que éstos no sean identificados posteriormente.“Este modus operandi de los subversivos tenía un fin exclusivo: que las pesquisas no lleguen hasta el entorno de los terroristas captados pero muertos en esos momentos, porque precisamente a partir de allí se podría determinar cómo y quiénes fueron sus reclutadores para engordar las filas del terrorismo senderista”, señaló uno de los analistas de estos temas.“Entonces es obvio suponer que los tupacamaristas y senderistas, especialmente estos últimos, tenían que enterrar a sus muertos en lugares predeterminados para esos fines. Con el tiempo, y con el apoyo de abogados de las instituciones encargadas de ver casos sobre derechos humanos (léase progre), denunciaron cínicamente el descubrimiento de fosas con cadáveres (especialmente en la zona andina del país), que atribuyeron a esas ejecuciones extrajudiciales a las Fuerzas Armadas sin el menor aporte de pruebas”, describió la fuente.

Patrañas
Lo que tampoco refieren los mentores de esas patrañas es que sí efectivamente eran cadáveres humanos, con evidentes signos de heridas de bala, ¡pero como consecuencia de enfrentamientos con efectivos militares! y que, luego de las refriegas, tal como se ha hecho hincapié, los terroristas nunca los dejaban en las inmediaciones para no complicarse la vida por las razones indicadas.

CVR no fue objetiva

Otra de las cosas que sigue siendo signo de preocupación para los efectivos militares y policiales que pelearon en las zonas de emergencia del país, durante la época dura del terrorismo, es que la denominada Comisión de la Verdad no fue objetiva al denunciarlos penalmente porque nunca lo hicieron contra los responsables políticos que ordenaron la participación de los uniformados en esos lugares, quienes sólo se limitaron a cumplir las órdenes para pelear contra la subversión que amenazaba con destruir el país a sangre y fuego.
“Los soldados que fueron a las zonas de emergencia fueron con la convicción de que su labor era y es correcta, por estar amparados no sólo por las órdenes de sus jefes sino también constitucionalmente”, reseñó el portavoz militar al tiempo de recordar que “el malhadado informe de la CVR nunca tuvo consenso nacional precisamente por mostrar esa clase de incoherencias y contradicciones al no haber denunciado nunca al ministro de Defensa o al del Interior de esa época, o al propio ex presidente Fernando Belaunde o Alan García (durante su primer mandato), por tener supuestamente responsabilidad política de los hechos”, subrayó.
“La conformación misma de
la CVR, que manejaba un presupuesto de unos 15 millones de dólares de esa época, era de marcada tendencia izquierdista, o sea antimilitarista ciento por ciento. Entonces, poco o nada se podía esperar de dicha comisión para llegar al fondo de la verdad, y que todos los peruanos nos reconciliemos dejando atrás el pasado oscuro que nos envolvió el terrorismo en general”, afirmó el experto en el tema.

Costo de la pacificación

Una de las cosas que nuestra fuente dejó en claro es que,  si hubo excesos en el trabajo castrense para derrotar al terrorismo, éstos deben castigarse por medio de los canales correspondientes. “De esto somos conscientes pero no merecemos que todos los uniformados tengamos una suerte de etiqueta en nuestro pecho para que nos tilden de abusadores y asesinos, cuando en realidad todo lo que hicimos fue para llevar la paz al país librándolo del cáncer asesino del terrorismo”.

“Por eso consideramos que el país debe tener las cosas  claras y situadas en el lugar que corresponde. La Fuerza Armada luchó por la pacificación del Perú, a costa de mucho sacrificio, que es necesario poner en alto relieve porque las instituciones caviares lo que han hecho en todos estos años es envenenar a la población poniéndonos como los malos de todo esto, cuando en verdad sólo cumplimos con nuestro deber para acabar con la subversión”, remarcó.

El Complejo Panorama Del Vrae

Otro tema que todavía subsiste es el relacionado al VRAE, donde no está el terrorismo puro como antes, sino un fenómeno conocido como “narcoterrorismo”, que es tan letal como el otro porque éste pretende tener dicha zona como su coto para hacer de las suyas con las firmas de narcotraficantes, a fin de seguir exportando la droga impunemente.

“El asunto del VRAE tiene diferentes aristas que son necesarias limarlas para lograr el éxito; no es fácil hacer patrullajes en esas agrestes zonas, máxime si el soldado va cargado de una presión psicológica enorme donde está en riesgo su propia vida, porque nunca se sabe de dónde vendrá el ataque artero de los delincuentes narcoterroristas. Por eso es que la experiencia de guerra recomienda que la permanencia de los combatientes en esa clase de escenarios, no debe ser más allá de tres meses; sin embargo, la realidad es otra y estas comisiones duran mucho más, con las secuelas psicológicas y hasta psiquiátricas que ello acarrea”, graficó preocupado el informante. 

EDUARDO SALAS GUZMÁN

Diario Expreso, 29 de agosto del 2010