Caviar N°2: Diego García Sayan
Diego García-Sayán Larraburre nació en Nueva York, el 2 de Agosto de 1950. Ingresó a la Pontificia Universidad Católica del Perú para seguir estudios de Derecho en 1968, graduándose de Bachiller en 1975, consiguiendo el título de abogado en 1976. En 1970 realizó estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Austin (Texas). Es abogado de profesión y también escritor y ha participado muy activamente en la política del Perú, asumiendo las carteras de Justicia, a finales del año 2000, durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua. García Sayan fue miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) durante su época universitaria.[1]
Imagen Nº 1 :
Diego García Sayan; ciudadano Norteamericano; que realizara sus estudios
universitarios en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la
Universidad de Austin (Texas).
Luego en el 2001 es
nombrado ministro de Relaciones Exteriores por el ex Presidente Alejandro
Toledo. Durante su gestión en esta cartera, el 19 de Febrero del 2002, resalta
un hecho escandaloso: el de la ex agente de inteligencia peruana, Leonor La
Rosa Bustamante, que fue indemnizada con 120 mil dólares por el presidente
Toledo, en base a supuestas torturas que denunció haber sufrido en el Servicio
de Inteligencia del Ejército, no obstante que luego surgieron evidencias que la
desmintieron a nivel judicial. Miguel Jugo Vieira y Heriberto Benítez Rivas, en
representación de la Asociación Pro Derechos Humanos, presentaron el caso ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual luego fue avalado por
los ministros Diego García-Sayán y Fernando Olivera.[2]
Imagen Nº 2:
Diego García Sayan; que en su juventud militara en el Movimiento de Izquierda
Revolucionaria – MIR; durante el gobierno de Valentín Paniagua y Alejandro
Toledo se desempeñó como Ministro de Justicia(2000) y de Relaciones
Exteriores(2001) respectivamente.
Cabe destacar que en
noviembre del año 2000, Diego García Sayan, firma dos resoluciones con carácter
de “estrictamente secreto” (no publicadas en el diario oficial El Peruano),
sobre conmutación de penas y rebajas de sentencias para liberar a dos
terroristas de la cárcel. Una semana después firmará otras once resoluciones
supremas, éstas sí publicadas el 2 de diciembre del 2000 en la gaceta oficial,
para beneficio de indultos y a los tres días, se publicarían otras 8
resoluciones otorgando perdón a igual número de terroristas sentenciados. Y el
10 de diciembre del 2000 salen a luz otras 10 normas de indulto a condenados
por “traición a la patria”. Es decir, en 15 días, Diego García-Sayán indultó a
31 sentenciados por terrorismo. Este fue apenas el inicio de su política de
“humanización” de los establecimientos penales, de flexibilización carcelaria,
es decir, de liberación de cientos de terroristas sentenciados.[3]
¿Y los terroristas
libres donde están? Nadie lo sabe con certeza, por que favoreciendo la
estratagema pro-terrorista, durante el gobierno de Toledo destruyeron lo que
quedaba del sistema de inteligencia nacional con el falaz argumento de que
estaba totalmente contaminado por la corrupción de la década pasada y
recortaron drásticamente el presupuesto del sector militar y policial. Según
inteligencia policial, una parte significativa, si no mayoritaria, de los
senderistas excarcelados no había abandonado sus convicciones ideológicas ni su
sujeción a Sendero Luminoso al momento de salir de los establecimientos
penales; por lo que se infiere que estarían en posición de reintegrarse a dicha
organización criminal a fin de contribuir decisivamente a restaurar las
estructuras y los aparatos partidarios a nivel nacional.[4] Ya sabemos de dónde
salen los terroristas que ahora ocupan el VRAE.
Según cifras
publicadas sobre los últimos tres años del Instituto Nacional Penitenciario
(INPE) por el diario Perú 21 en octubre de 2006, hasta el año 2003 había en las
cárceles peruanas 1.064 subversivos, pero hoy sólo permanecen 290, ya que el
Poder Judicial sigue liberando masivamente a terroristas de SL y del MRTA, al
declararles fundados sus pedidos de semilibertad o de liberación por exceso de
carcelería.[5]
Cuando fuera titular
de Justicia, García-Sayán mantuvo a los procuradores Ad Hoc del caso Montesinos
contratados por Alberto Fujimori, es decir, José Ugaz de la ONG Proética y a su
socio Luis Vargas Valdivia. Pero antes de incorporar a Ronald Gamarra (de la
ONG Instituto de Defensa Legal) a la procuraduría en asuntos de derechos humanos,
convocó a Javier Ciurlizza Contreras como jefe del gabinete de asesores
del Ministerio de Justicia y el 16 de enero del 2001, lo nombró presidente
de la Comisión de Indultos, Derecho de Gracia y Conmutación de Penas para los
casos de terrorismo.
Imagen Nº 3 :
Diego García Sayan; durante su periodo como Ministro de Justicia; tuvo como
procuradores “ad juntos” en el Caso Montesinos a sus socios José Ugaz y Luis
Vargas Valdivia.
Quienes conocen el
pasado de Ciurlizza afirman que militó en la filas del Partido Comunista
Revolucionario y hace poco se hizo tristemente célebre cuando se difundieron
unos audios donde se escucha a Ciurlizza, intercambiar ideas en la Base Naval
con los cabecillas de Sendero Luminoso y del MRTA, sobre varios puntos de
agenda, como la irresponsable flexibilización carcelaria y la misma composición
de la Comisión de la Verdad (CV), mientras Abimael Guzmán exigía que lo
trataran como “preso político.”[6]
Acto seguido,
Ciurlizza habría de ser secretario ejecutivo de la CV, para finalmente recalar
en una dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por si fuera poco, en
agosto de 2006, durante el gobierno de Alan García, se nombró como
Vicepresidenta del INPE, a Susana Silva Hasembank, actual esposa de Javier
Ciurlizza, quien ya se había desempeñado como Segunda Vicepresidenta del INPE
entre marzo de 2004 y febrero de 2006; además, ha sido asesora jurídica del
Comité Internacional de la Cruz Roja con sede en Lima, Perú.[7]
García-Sayán fue
nombrado Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el período
2004-2009, sin dejar su cargo como Director General de la Comisión Andina de
Juristas (CAJ) que es una “asociación internacional privada sin fines de lucro
y de acción regional, que brinda servicios jurídicos de interés público.” Desde
que inició sus actividades en
Imagen Nº 5:
Diego García Sayan con el “pleno” de los jueces de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ( CIDH ) en Costa Rica.
La CAJ trabajó
para el gobierno de Alberto Fujimori
Cabe destacar que El
7 de noviembre de 1995, Diego García Sayan fue contratado por la viceministra
de justicia del gobierno de Alberto Fujimori, Miriam Schenone Ordinola según
Resolución Ministerial N° 386-95-JUS en materia de Derechos Humanos y también
para un proyecto de “Redes de Informática” por la Comisión Ejecutiva del Poder
Judicial que controlaba Vladimiro Montesinos Torres. Miriam Schenone fue
compañera de Promoción, en la Universidad Villarreal cuando estudiaba Derecho,
del Procurador Público Adjunto Luis Gilberto Vargas Valdivia, otro gemelo
ideológico de José Ugaz y miembro de su Estudio de Abogados. En resumen, la
Comisión Andina de Juristas de Diego García-Sayán, trabajó con el gobierno de
Alberto Fujimori, particularmente en el ámbito de la reforma de la
administración de justicia y la Academia de la Magistratura, como parte de un
convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
suscrito en 1998.[10]
Schenone y Vargas,
también viajaron juntos a Estados Unidos, del 5 al 12 de noviembre de 1994,
para extraditar a Carlos Remo Manrique Carreño (CASO CLAE), designados por el
entonces presidente Alberto Fujimori, según Resolución Suprema N°105-94-JUS del
3 de Noviembre de 1994.[11] Simultáneamente, la
esposa del Sr. Diego García Sayan, Eda Rivas, fue designada como Gerente de
dicha Comisión Ejecutiva para llevar a cabo la Reforma Judicial en el Perú. La
contrató el Comandante José Dellepiane, de profesión marino nombrado por
Vladimiro Montesinos Torres. El Dr. José Ugaz Sánchez Moreno, Procurador
Público designado por el entonces Presidente de la Republica, Alberto Fujimori,
fue luego ratificado por Diego García Sayan. José Ugaz y Diego García Sayán
firmaron el documento internacional de George SOROS, dirigido al actual
Secretario General de la ONU, pidiendo la legalización de las drogas en el
mundo.[12]
Imagen Nº 6:
Mirian Schenone, Vice Ministra de Justicia del gobierno fujimorista viajó con
Diego García Sayan en 1994 para extraditar al “estafador” Carlos Manrique
Carreño.
En el caso de la CAJ,
esta ONG mantiene fuertes vínculos institucionales con diferentes
organizaciones del Cono Sur, especialmente con el Instituto de Estudios
Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y CELS en Argentina, y el
Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Diego Portales y la
Corporación Forja en Chile, mediante la participación constante de expertos de
estas instituciones en sus cursos internacionales de derechos humanos.
Nexos entre
Diego García Sayan, George Soros y Alejandro Toledo
En el artículo
publicado el 24 de Mayo del 2000, en la Revista Gente en su edición numero
1326, con el título: “Narcotráfico Internacional quiere tumbarse a Fujimori”,
revela que el candidato a la presidencia por Perú Posible, Alejandro Toledo,
junto a Diego García Sayán, eran la conexión en el Perú para lograr el objetivo
de sacar a Fujimori de la carrera Presidencial. Dennis Small, un experimentado
periodista, politólogo internacional, economista y miembro del Comité Ejecutivo
de la facción disidente del partido Demócrata de los Estados Unidos, que lidera
Lyndon LaRouche, estuvo en el Perú en una comisión de trabajo cubriendo la
primera vuelta electoral para la revista EIR, de la que es Director Asociado
para Asuntos Latinoamericanos.
A su juicio, los
tentáculos del narcotráfico mundial organizado pretenden imponer un gobierno
que les sirva a sus intereses personales y que, para tal fin, han creado una
campaña de presión internacional “para tumbar a Fujimori, pues no le perdonan
que haya vencido al narcoterrorismo, dejando en el aire muchas inversiones
corruptas de diversa naturaleza”. Agregó también que Alejandro Toledo es el
instrumento en el Perú para estos fines. Antes de regresar a Washington, Small
reveló a GENTE que Toledo se reunió con George Soros en Nueva York, y que la
persona que lo llevó de la mano, fue Diego García Sayán. ¿Cuál fue el tema
básico que trataron estos personajes? ¿de qué hablaron? Eso nunca salió al
descubierto. Se ocultó totalmente.[13]
Small declara que George
Soros expidió una carta abierta, en 1998, al secretario general de la ONU, Kofi
Annan, carta pública que fue presentada en dos páginas enteras del New York
Times el 8 de junio de 1998. En ésta señala: “la guerra global a las drogas
ahora está causando más daño que el propio abuso de las drogas”. Es decir, no
hay que pelear contra las drogas. Esa carta la firman muchas personalidades,
entre ellas, Diego García Sayán, asesor principal de Toledo, quien, por supuesto,
también está a favor de la legalización de las drogas.
Pero no sólo tenemos
el caso de Soros, cuyos hilos hacia el Perú no se limitan a Diego García Sayán.
También tenemos el caso verdaderamente insólito de la visita del presidente de
la bolsa de Wall Street, Richard Grasso a Colombia, a la zona desmilitarizada
de San Vicente de Caguán. Allí se reunió con el jefe de finanzas de las FARC.
Dijeron que estaban hablando de inversiones en Colombia. ¿Qué diablos hace el
jefe de Wall Street reunido con el principal cártel de Colombia? Es increíble.[14]
Imagen Nº 7:
Los tres socios; Diego García Sayan ( operador legal ), George Soros ( operador
económico ) y Alejandro Toledo ( operador político ); implicados presuntamente
en temas de narcotráfico y legalización de las drogas.
Aparte de firmar esta
carta abierta tan famosa pidiendo que se legalice el uso de las drogas, Diego
García Sayán es presidente de la Comisión Andina de Juristas, que es una
organización casi gemela de la ONG Human Rights Watch (HRW), entidad que
presuntamente defiende los derechos humanos y es financiada por Soros, quien
además es miembro del cuerpo de directores. HRW se especializa en “documentar y
protestar las violaciones de derechos humanos causadas o exacerbadas por los
esfuerzos de limitar el narcotráfico internacional”, según exponen sus propias
publicaciones.[15]
Fueron 600 personas
que firmaron la carta de Soros para la legalización de las drogas. Por el Perú
lo hicieron Diego García Sayan, Julio Cotler, Javier Diez Canseco, Gustavo
Gutiérrez, Anel Towsend, Javier Alva Orlandini, Javier Pérez de Cuellar y Mario
Vargas Llosa. En lo que respecta a García Sayán, en julio de 1993, la Comisión
Andina de Juristas organizó un foro internacional en Lima sobre la
narco-legalización, donde uno de los oradores principales fue Ethan NadeImann,
presidente del Lindesmith Center de George Soros. Es más, en febrero de 1996,
García Sayan viajó a Nueva York para reunirse con Nadelmann y discutir cómo
lanzar una campaña internacional para sacar la hoja de coca del primer lugar de
la lista de las Naciones Unidas de estupefacientes prohibidos.[16]
En el caso de la
Comisión Andina de Juristas, dicho organismo publica los informes anuales del
Human Rigths Watch. En este caso la vinculación es muy explícita. Pero el
asunto no termina allí. La CAJ es también la contraparte legal de otra
agrupación: el Consejo Andino de Productores de Hojas de Coca, que es una
asociación andina de cocaleros que venden sus productos a los cárteles del
narcotráfico. El presidente boliviano de este Consejo Andino de Productores de
Hojas de Coca, Evo Morales, obviamente aboga por la legalización de las drogas
y en 1996 visitó Colombia y se reunió con los cocaleros de las FARC.[17]
Diego García
Sayán y su responsabilidad en el allanamiento del Estado Peruano a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Cuestión Preliminar: Todo
funcionario o servidor público cualquiera haya sido su cargo o jerarquía debe
ser investigado y denunciado si hubiera indicios suficientes y razonables para
imputarles responsabilidad.
El ex Ministro de
Justicia Diego García Sayán y el Embajador Manuel Rodríguez Cuadros,
Representante Permanente del Perú ante la Organización de los Estados
Americanos (OEA), durante la celebración del 110º Periodo de Sesiones Ordinario
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington
DC. Estados Unidos de América realizado en Febrero 2001, se reunieron con el
Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Sr. Claudio
Grossman, su Primer Vicepresidente Juan Méndez, su Segunda Vicepresidente Marta
Altolaguirre, los comisionados Robert Goldman y Peter Lauirie, y el Secretario
Ejecutivo Jorge Taiana, Y SIN TENER AUTORIZACION EXPRESA AMPARADA EN
DISPOSICIÓN LEGAL ALGUNA, obligó AL ESTADO PERUANO a propiciar una solución
amistosa en determinados casos; a reconocer responsabilidad y adoptar medidas
para restituir derechos afectados y/o reparar el daño causado, comprometiendo
al Erario Nacional incondicional e ilimitadamente y al Estado a buscar
soluciones integrales en casos cerrados definitivamente y de denuncias que ya
habían sido consideradas con Archivo definitivo por haber sido materia de
Informes Finales declarativos no vinculantes entre 1987 y 2000, así como
soluciones de casos que correspondían a 26 Informes Finales que aún no se
habían publicado. y por tanto, no obligatorios por su inexistencia y por tener
el carácter de declarativos no vinculantes.[18]
En esta reunión, se
comprometió al Estado Peruano, acordando que: “Tanto el Gobierno del Perú como
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entienden que la solución que se
busca se logrará teniendo en cuenta las obligaciones internacionales que el
Estado peruano ha asumido teniendo en ejercicio de su soberanía, y los
siguientes criterios específicos: –el reconocimiento de la responsabilidad del
Estado peruano en los casos en los que se hayan afectado los derechos humanos;
– la reparación de los daños y consecuencias a las víctimas, o a sus
familiares, por las violaciones a los derechos humanos de las víctimas; – la
realización de las investigaciones a que hubiere lugar en el ejercicio autónomo
del poder judicial y la determinación de las responsabilidades respectivas; –
la adopción de las medidas cautelares recomendadas por la Comisión, y la puesta
en práctica de procedimientos de solución amistosa con la participación de la
CIDH, los peticionarios y las víctimas o sus familiares.”[19]
El ex Ministro Diego
García Sayán y el ex Embajador Manuel Rodríguez Cuadros establecieron sin
autorización expresa ni autoridad del Congreso para hacerlo, una política
gubernamental lesiva para los intereses del Estado que se plasmaron en las dos
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los denominados
casos “La Cantuta” y “Castro Castro,” sin dejar de mencionar la indemnización
abonada a Leonor La Rosa, cuando los casos ya habían sido cerrados a nivel de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, propiciando su reconocimiento
extemporáneo por la CIDH cuando ya no le correspondía hacerlo, contrariamente a
la aplicación estricta de las normas de la Convención que era responsabilidad
específica de los funcionarios de advertir y adoptar oportunamente las medidas
y defensa de los intereses del Estado entre ellas las excepciones de no
agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna.[20]
Por todo lo expuesto,
procedía investigar y sancionar a los responsables de este allanamiento
inconsulto por haber incurrido en grave infracción a lo dispuesto en los
artículos 38, 44, 45, 118 y 205 de la Constitución Política del Perú y por el
delito previsto y penado en el artículo 377 del Código Penal. La defensa de los
intereses y derechos del Estado se ejercen judicialmente por intermedio de los
Procuradores Generales de la República a cargo de los asuntos de los diferentes
Ministerios”. Conforme lo establece el artículo 47 de la Constitución Política
del Perú “La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los
Procuradores Públicos conforme a ley…” que no es otra que el Decreto Ley 17537.[21]
En todos los casos en
que el Estado requiera la designación de representantes en juicio para ejercer
su defensa como demandantes o demandados sin interesar la denominación que se
les dé como Abogados o Agentes es y siempre será la de Procuradores, que
necesariamente deben ceñirse para su nombramiento y ejecución del encargo a lo
señalado en la norma de la materia; es decir, el Decreto Ley Nº 17537.[22]
El artículo 15º del
Decreto Ley Nº 17537 establece que “Los Procuradores podrán convenir en la
demanda, desistirse de ella o transigir en juicios, sin otro trámite que la
expedición de la Resolución Suprema autoritativa. El artículo 8º del DS Nº
007-2005-JUS señala que “El allanamiento y/o suscripción de un Acuerdo de solución
amistosa …..será autorizado mediante Resolución Suprema …”[23]
Cabe destacar que el
artículo 8º antes mencionado incurre en grave error al considerar la
posibilidad que un Agente pueda celebrar un Acuerdo de solución amistosa, ya
que esta modalidad de poner término a un proceso internacional solamente se da
en los casos de denuncias ante la Comisión Interamericana, y no ante la Corte
Interamericana, debido a que el procedimiento administrativo seguido ante la
Comisión no requiere de acreditación de Agentes y usualmente son los
representantes acreditados ante la Organización de Estados Americanos quienes
ejercen la representación del Estado.[24]
Como es fácil de
apreciar, las normas antes citadas se refieren al allanamiento como un acto
procesal puro y simple no condicionado que pone término definitivo a un proceso
a partir de la fecha de su expedición, de lo que se deduce que la resolución
autoritativa debe comprender sus alcances y obligaciones que comprometen al
Estado frente a terceros con fecha cierta.[25]
El allanamiento es
una forma de conclusión del proceso con declaración sobre el fondo, cuando el
demandado reconoce la demanda o se allana al petitorio. En el primer caso
acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la
pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los
fundamentos jurídicos de ésta. El allanamiento es improcedente cuando el
representante no tiene autorización expresa para hacerlo.[26]
La autorización
contenida en Resolución Suprema debe cumplir con requisitos mínimos exigidos
para estos casos, ya que de lo contrario se somete incondicionalmente al Estado
peruano a la voluntad de los demandantes y de la Corte Interamericana, quedando
sujeto abiertamente por sus propios actos a lo que disponga la sentencia en
completo estado de indefensión, ya que declarado el allanamiento la Corte debe
expedir sentencia inmediata.[27]
Tanto el Estatuto
como el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tienen
carácter vinculante para los Estados Parte de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; el único documento que tiene carácter obligatorio es la
Convención misma.[28]
Un aspecto no tratado
por inadvertido y no por ello menos importante, aunque en la reiterada práctica
(no crea Derecho) que se ha venido aceptando tácitamente, es que el Estado
peruano cuando en 1981 se sometió voluntariamente a la competencia de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la jurisdicción de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos conforme a los artículos 45 y 62 de la
Convención, respectivamente, lo hizo solamente para los casos en que un Estado
Parte fuere el que alegue que el Perú ha incurrido en violaciones de los derechos
humanos establecidos en esta Convención.[29]
Por consiguiente, en
los casos de peticiones de persona o grupo de personas, u Organismos No
Gubernamentales formuladas contra el Estado peruano ante la Comisión
Interamericana, para su admisibilidad y procedencia previamente debe contarse
con la aceptación de su competencia, dado que los peticionarios no son ni tienen
la calidad del Estado parte. Es más, el artículo 46 de la Convención distingue
entre petición y comunicación, correspondiendo la primera a la formulada por
personas u organismos no gubernamentales, y la segunda cuando quien la plantea
es un Estado Parte. Como puede advertirse, este último caso es el único en que
debería proceder el sometimiento automático a la competencia de la Comisión.[30]
La consecuencia de
esta precisión es que todos los casos que hasta la fecha se han presentado a la
Comisión y que han llegado a la Corte, pudieron haber sido desestimados en su
origen como petición ante la Comisión, ya que ésta sin el reconocimiento
expreso y previo de su competencia no podría plantear el caso como demandante
ante la Corte.[31]
Los funcionarios que
se allanaron sin tener autorización expresa del Estado peruano, incurrieron en
las infracciones constitucionales imputadas por su propia, intencional e ilegal
conducta en perjuicio de la imagen y del patrimonio del Estado, que a su vez
constituye supuesto de hecho incontrovertible de ilegal omisión en el ejercicio
de sus actos de cautelar los intereses del Estado, haciéndolos pasibles de
sanción penal por el delito de incumplimiento de deberes.[32]
Diego García
Sayan, La Tremenda Corte y los Comandos Chavín de Huantar:
El abogado colombiano
Jaime Restrepo denunció que, al igual que en Colombia, el Perú pierde los casos
por los lobbies que tienen algunas ONG como la Comisión Andina de Juristas
(CAJ), IDL y APRODEH ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Restrepo además agrega que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en
Washington, y la Corte IDH, en Costa Rica, que es el sistema, está infiltrado
por izquierdistas y donde militan personas que tienen relaciones con grupos
terroristas del continente.[33]
Aquí menciona
específicamente a Diego García Sayan* y dice que desde la Comisión Andina de
Juristas y como ministro les hizo el juego a los terroristas de Sendero
Luminoso y el MRTA, favoreciéndolos con amnistías, indultos, disminuciones de
penas y beneficios penitenciarios.[34]
Restrepo habla
también que estas ONG’s buscan deslegitimar al Estado y menguar la capacidad
operativa de las fuerzas armadas. Eso es lo que les está ocurriendo a los
héroes de Chavín de Huántar en el Perú. Además, estas ONG al llevar los casos
ante la CIDH terminan lucrando lo que se les ha vuelto un negocio millonario.
Diego García Sayan no sólo es Presidente de la Corte Inter-Americana de
Derechos Humanos sino que además tiene una ONG, la Comisión Andina de Juristas
(CAJ), que trabaja haciendo lobby en la mencionada Corte. Con este juicio a los
Comandos, la CAJ y por ende García Sayan, van a lucrar sustantivamente.[35]
Imagen Nº 8:
Diego García Sayan en el 2001; siendo ministro; allanó al Estado Peruano ante
la Corte Interamericana de Derechos Humanos; en presuntos hechos de “lesa
humanidad” y uno de estos casos emblemáticos lo constituyen nuestros héroes de
los Comandos de Chavín de Huántar.
El negocio de
las ONG’s como la Comisión Andina de Juristas y APRODEH:
Imagen Nº 9:
Principales integrantes de la Comisión Andina de Juristas – CAJ
Estas ONG’s tienen un
ejército de personas a sueldo, a quienes envían a las zonas más alejadas del
país a buscar “victimas del estado.” En pocas palabras, ellos van a la caza de
posibles “clientes,” que siempre son personas de escasos recursos que no logran
entender qué está detrás de todo esto. Los representantes de las ONG’s
convencen a estas personas que en realidad los que mataron a sus familiares son
los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú y NO los
terroristas. Les pagan viajes a Lima, les dan gollerías para que hagan las
denuncias, los entrenan para que sigan el libreto que va de acuerdo con sus
fines y les proveen abogados gratis que permanentemente estén con ellos
asesorándolos.
Luego les prometen
que van a llevar su caso a la CIDH y que van a recibir cuantiosas ganancias
económicas. Lo que no les dicen, es que por esos servicios tan “humanitarios,”
que ellos les ofrecen, las ONG’s se quedarán con una partida de nada menos que
el 40% del total que iría a parar a los familiares de las victimas. A más
víctimas, mayor tajada para las ONG’s.
Restrepo alerta
además que el Perú debe tener cuidado, porque el Colectivo-ONG Alvear Restrepo
en Colombia es el símil de las ONG’s IDL y Aprodeh, que defienden a
terroristas, además de tener tendencia izquierdista y cuyas demandas son
favorecidas por la Corte IDH y la CIDH. Estas hacen lobby dentro de dichas
instancias internacionales a través de la organización internacional CEJIL, a
la que responden y que es muy poderosa dentro del sistema interamericano.[36]
Imagen Nº 10:
Consejo Directivo de la Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH
Diego García
Sayan en la Corte IDH:
Desde el 2004, Diego
García Sayan es juez miembro de la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos,
con sede en San José de Costa Rica. Luego fue Vice-Presidente de dicha corte y
el 25 de Noviembre del 2009, fue electo para ser su Presidente, lo cual rige
desde el 2010, por un período de dos años. Eso quiere decir que su mandato
termina este año, 2012.[37]
¿No es demasiado
extraño que el juicio al Perú y a los Comandos que participaron en la operación
de rescate Chavín de Huantar, ante la Corte Inter-Americana de Derechos
Humanos, con sede en San José de Costa Rica sea justamente durante el último
año que Diego García Sayan es Presidente de la CIDH? Con el agravante que en la
demanda original no se mencionan a los “gallinazos” y ahora, cuando se vuelve a
enjuiciar al Perú (y por ende, a los Comandos), la figura de los “gallinazos”
sí está incluida. Con eso se busca enjuiciar a los Comandos indirectamente ya
que si los “gallinazos” realizaron “ejecuciones extrajudiciales,” lo cual es
imposible de probar, y los Comandos estaban en la residencia todavía, y no
hicieron nada, son cómplices y por ende culpables. Además de paso, como el
encargado principal y quien dio la orden para la operación de rescate fue
Alberto Fujimori, no dudarán en perseguirlo judicialmente también.
Imagen Nº 11:
Nuestros valerosos Comandos de Chavín de Huántar son victimas de la peor
persecución judicial a nivel internacional por parte de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) y su “delito” fue haber rescatado con vida a los
Rehenes de la Embajada del Japón.
Si vemos el historial
del Perú ante la Corte IDH, es nefasto. El diario El Comercio, en su edición
del 19 de Febrero del 2012, expone que el Perú perdió todos los casos ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y que el Tribunal dictó 26 sentencias
desfavorables contra nuestro país.[38]
“La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibe y procesa las denuncias sobre
casos de violación de DD.HH. Si se determina la responsabilidad del Estado, se
eleva un informe a la Corte de San José. Esta tiene competencia contenciosa
para ver los casos y emitir sentencias. En el año 2010, la CIDH admitió 364
peticiones de denuncia contra nuestro país e inició trámite en 86 de estos
casos. Estas cifras nos convierten en el país más denunciado del sistema
interamericano. También somos el país con más sentencias desfavorables. El Perú
ha tenido 26 procesos por violación de derechos humanos ante la Corte de San
José y, en todos estos casos, los fallos han sido adversos.[39]
Algunos de estos
dictámenes favorecieron a personas procesadas por terrorismo. Entre los casos
más recordados, está la sentencia a favor de los senderistas amotinados en el
penal Castro Castro. El tribunal estableció, en el 2006, que el Estado debía
pagar US$50 mil a los familiares de cada uno de los 41 muertos tras la
incursión de las fuerzas del orden en el penal en 1992. También se recomendó
que los internos sobrevivientes recibieran US$20 mil. Posteriormente, la
sentencia se corrigió y se determinó que el Estado definiera el modo en que se
realizarían las reparaciones. Entre los favorecidos con el fallo original
estuvieron la hoy prófuga de la justicia, Mónica Feria; Atilio Cahuana, por
entonces, ideólogo de las huestes de ‘Artemio’ en el Huallaga; y algunos de los
hoy dirigentes del Movadef. Otras sentencias que dieron que hablar fueron las
que ordenaron el pago de indemnizaciones a los emerretistas Lori Berenson,
Jaime Castillo Petruzzi, Lautaro Mellado, Alejandro Astorga y María Pincheira.”[40]
Imagen Nº 12 :
Delincuentes terroristas ; entre peruanos y extranjeros; beneficiados por los
fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
En setiembre de 2006,
surge otra muestra del poder de los lobbies de la izquierda caviar: la Agencia
Peruana de Cooperación Internacional (APCI) encargada de supervisar a las ONGs,
nombró a Mariella Pinto Rocha, en el puesto de asesora principal de este
organismo. Mariella Pinto es una profesional especializada en educación
inicial, que ha trabajado desde el 2001 en el ministerio de Justicia a cargo
del proyecto de reforma de los centros carcelarios y además estaría vinculada
sentimentalmente a Diego García-Sayán.[41]
Imagen Nº 13:
Mariela Pinto Rocha en las épocas en que Diego García Sayan era Ministro de
Justicia fue contratada como “consultora de la alta dirección de dicho
despacho”, sin tener título universitario; y en el 2006 fue nombrada “asesora
principal” de la APCI.
Francisco Diez
Canseco Távara, presidente del Consejo por la Paz, está convencido que el lobby
de las ONGs de izquierda caviar, con el poder político que les dio Alejandro
Toledo, impuso el informe de la Comisión de la Verdad, como si fuese de
cumplimiento obligatorio en el Poder Judicial y en el Ministerio Público.
Simultáneamente, Diez Canseco Távara (al igual que otros), denuncia que es
víctima del abuso de poder de los neo-marxistas en la administración de
justicia, y por ello enfrenta tres juicios después de haber criticado al ex
ministro de Justicia Diego García-Sayán: dos querellas y una denuncia penal.[42]
Diego García
Sayan y las Conversaciones Secretas con la Cúpula Terrorista
Diego García Sayan
fue Ministro de Justicia del gobierno transitorio de Valentín Paniagua durante
el periodo 2000 al 2001. Es con García Sayan donde empieza la persecución a los
Comandos Chavín de Huantar y los procesos legales contra estos valerosos
miembros de las Fuerzas Armadas.
En este periodo
ocurre algo francamente infame. El diario Peruano La Razón tuvo acceso a tres
audios que contienen conversaciones de Javier Ciurlizza Contreras,
enlace del ministro transitorio de Justicia, Diego García Sayán, con la
cúpula senderista en la Base naval del Callao encabezada por Abimael
Guzmán Reynoso. Es más, Javier Ciurlizza es enviado personalmente
por el mismo Ministro de Justicia a tener conversaciones secretas con Abimael
Guzmán y otros cabecillas, a espaldas del presidente Paniagua, y permitió que
la cúpula de Sendero Luminoso se reuniera con representantes del gobierno transitorio
de manera oculta en el penal de la Base Naval del Callao.[43]
Es de suma
importancia tener en cuenta que La Comisión de la Verdad fue un punto
muy importante de la agenda de las reuniones entre el Gobierno y el alto mando
terrorista. Se reunieron en varias oportunidades para tratar la política
carcelaria del momento, las modificaciones a la legislación antiterrorista, la
“solución política a los problemas derivados de la guerra interna” y la
formación de la CVR.[44]
Conversaciones:
El emisario de Diego
García Sayan, Javier Ciurlizza entró, según fuentes confiables, a las 11.25am
del 29 de Marzo del
La conversación fluye
amistosamente y por momentos hay risas entre los presentes. Todo corrobora que
no ha sido la primera reunión, porque la dinámica de la conversación sugiere
negociaciones y concesiones del emisario del estado, Ciurlizza sobre aquellos y
otros puntos de debate.[46]
Un detalle final: Los paréntesis son inaudibles.
Imagen Nº 14 :
Javier Ciurlizza Contreras ; enlace del ministro transitorio de Justicia, Diego
García Sayán, durante el “breve gobierno” de Valentín Paniagua; mantuvo
“diálogos secretos” con la cúpula senderista en la Base naval del Callao, los
cuales serían dados a conocer años más tarde por el Diario La Razón.
AUDIOS
CIURLIZZA – GUZMAN, PARTE 1:
Abimael Guzmán
Reinoso: (En el primer audio interviene Abimael Guzmán
dando cuenta de los cinco, diez, quince años que le han “robado de su vida.”
Explica en forma compungida su edad avanzada). ¿Porqué sabe?…Que yo tengo ya mi
edad (…) Tantos años encerrado aquí, tanto tiempo (…) Entonces necesito mas
visita…Tengo mi familia…”[47]
Javier
Ciurlizza*: Vamos a pedir una ampliación entonces, Usted es
un padre , tendrá a sus hijos. Usted es un abuelo, tendrá a su madre (…)[48]
*Javier
Ciurlizza, emisario del Ex Ministro de Justicia, García Sayan para las
conversaciones con los terroristas de Sendero y del MRTA, fue posteriormente
secretario ejecutivo de la CVR.
Abimael Guzmán (retoma la palabra y hace una evaluación del momento con estas
palabras): “La situación: Se dan normas por este Gobierno, por este Ministro de
Justicia actual, Diego García Sayan, que son buenos pasos pero finalmente
seguimos aquí. Dos cosas nos parecen saltantes entre otras… Es que ya pase a
ser este un sistema carcelario semiabierto.”[49]
“No podemos seguir
tantas horas en esta bendita celda. No esta bien, nos está dañando demasiado
ya. ¡Hasta donde! La aniquilación que el Gobierno anterior con su mentalidad
reaccionaria, quería nuestra destrucción y aniquilamiento. No han podido
cumplir su objetivo. Está probado que no nos pueden destruir, ni aniquilar.
Porque ese es un problema de lo que pensamos y eso nos sostiene. Los que
estamos aquí metidos no hemos hecho crimen alguno.”[50]
“Hemos bregado por
seguir en la causa…Eso es lo que nos mantiene en estas condiciones (…)
Entonces, ya pues, debemos, como se ha dicho ya (…) poder tener un poco de
independencia y libertad.” Seguimos nosotros con una situación (…) de no
poder abrir un caño, de no poder jalar la cadena del wáter ¿hasta cuando vamos
a seguir así? ¿Que están pretendiendo? Reducirnos a la nada.”
“Debemos tener
derecho a deambular, aunque sea en momentos restringidos, abrir las rejas y
cada quien que se mueva(…), mirar la televisión, conversar entre nosotros,
leer, escribir o lo que fuere…Algo que exprese nuestra condición de seres
humanos que tenemos libertad; y no simples entes que se tratan y se manejan
como simples mecánicos, eso no tiene sentido.”[51]
“Finalmente ese
aislamiento (…) esas cortaduras (se refiere a las alambradas que rodean la Base
Naval) rompen vínculos y hay que buscar una salida. Es decir quisiéramos ser
hombres políticos como se dice desde Aristóteles (…) que se enamora de la
vida… Somos eso pero nosotros tenemos cortaduras, tenemos unas restricciones
para vincularnos con los demás (dirigentes de SL) Solamente tenemos vínculos
con los nexos familiares mas cercanos, más próximos.”[52]
“Ni siquiera la
familia en el amplio espectro, sólo en el dominio doméstico, es decir los
familiares más directos o el estrecho vínculo de la familia de casa” “¡Eso no
puede ser! ¿Entonces qué pedimos? Ampliación de las visitas a otras personas
que rebase el círculo familiar y las amistades.”(…) Luego habla de su
familia “En fin esas son situaciones que implican tratar mas políticamente el
problema” (de la subversión). “Está bien (…) esas son metas y responsabilidades
del país (…).[53]
Palabras de
Abimael Guzmán: “Méritos de este Gobierno (Paniagua-García Sayan).” Luego Guzmán hace una valoración de la nueva conducta del gobierno de
Valentín Paniagua. “Son situaciones entonces (…) de esa voluntad de tratar políticamente
y darnos un trato mas acorde y afín. Como se ha dicho acá, ni siquiera se ha
dicho que se apliquen las leyes que están plenamente vigentes y vigentes en
Perú” (…)[54]
“El mérito de
este Gobierno es que la está aplicando y muestra expresamente su apertura a
nuestra organización. Pero queremos que también llegue eso a nosotros (a los
que están en la Base Naval). Entonces nos
parece positivo que el gobierno hable de su materia y se inicien
conversaciones. Quisiéramos que se concrete en algo mas específico (…) Eso
es lo que pediría yo. Que de una vez se arregle con cada uno de nosotros.”[55]
Javier
Ciurlizza: “Muchas gracias a todos Uds.
Mientras viene el señor Carlos (…) no se si se podría ordenar los puntos que se
han planteado aquí, quizás partiendo de lo mas concreto y específico. (…)
Quizás partiendo de lo concreto tendría este orden, un poco en la línea
planteada por el señor Peter Cárdenas; que es posible y que no es
posible.”[56]
“En primer lugar se
dan las condiciones de encarcelamiento, las visitas, todo eso me parece lo más
concreto. En segundo lugar deberíamos conversar, si les parece, sobre el pedido
de conversaciones y contactos. En tercer lugar el tema de la difusión de las
comunicaciones. En cuarto lugar como le llaman ustedes, el tema de la auténtica
Comisión de la Verdad. En quinto lugar, la revisión de la legislación y
juicios. Y finalmente yo diría lo que ustedes denominan soluciones políticas a
los problemas derivados de la guerra, que me parece obviamente el tema mas
general.”[57]
“(…) Y hay un punto
en el que ustedes lo tienen aquí en la carta, que no entiendo bien: Solidaridad
con la lucha de todos los presos políticos y prisioneros de guerra. No se
si es un tema aparte o está subsumido dentro del tema de “solución política”, o
hay algo en especial.[58]
*El ex
Ministro de Justicia y posterior Presidente de la CIDH, Diego García Sayan,
junto con el ex Presidente Paniagua iniciaron la política de ablandamiento de
legislación antiterrorista y la creación de la CVR.
AUDIOS
CIURLIZZA – GUZMAN, PARTE 2:
Esta es la segunda
parte de los audios secretos de Javier Ciurlizza, secretario del entonces
Ministro de Justicia, Diego García Sayan, conversando amigablemente con Abimael
Guzmán entre bromas y risas:[59]
Ciurlizza
transmitió los saludos de los terroristas Osmán Morote y María Pantoja a
Abimael Guzmán, desde el penal de Yanamayo a la
Base Naval del Callao. El Emisario del Gobierno, Ciurlizza, les dio explicaciones
sobre la política carcelaria del momento.
RESUMEN
El cónclave entre la
cúpula de Sendero Luminoso y del MRTA en la base naval del Callao, el 29 de
marzo del 2001, con Javier Ciurlizza Contreras, el emisario del ministro de
justicia del gobierno de transición, Diego García Sayán, empieza a desarrollar
el punto uno de la agenda que es la flexibilización de la política carcelaria.
En esta segunda entrega de los audios del escándalo García Sayán, inicia su
intervención Elena Iparraguirre Revoredo, “camarada Miriam”, cuya voz es
inaudible. Ciurlizza redondea con habilidad los seis puntos de debate, a lo que
Peter Cárdenas Schulte, del MRTA, hace observaciones sobre la solidaridad
respecto a sus camaradas y familiares.
Peter Cárdenas manifiesta la necesidad de expresar sus planteamientos de solidaridad
con ellos y su “derecho de llegar a la opinión pública” porque “se nos ha
descrito como son asesinos, animales, monstruos, y un poco que se ha tirado a
la población en contra ¿no?, afirma. “El mayor orgullo del gobierno Fujimorista
ha sido construir cárceles donde se nos ha controlado, sometido. ¿Cómo puede
alguien que tiene una mentalidad (…) haber construido una cárcel como ésta para
que nos tengan aquí?, se pregunta.[60]
Veamos en la forma
más textual posible estas vergonzosas negociaciones, siempre con paréntesis que
indican lo inaudible del diálogo.
AUDIOS
CIURLIZZA – GUZMÁN, PARTE 2:
PETER CARDENAS
SCHULTE.- “No solamente debe haber una solidaridad entre los
presos sino que, de alguna manera, como hacen algunos sectores de la Iglesia,
de visitar a los presos ¿no? O sea estimular un sentido de solidaridad. Expresa
luego su rechazo a la críticas “como cuando entrevistaban a la mamá de Lori
Berenson a quien le decían, “pero su hija ha estado con asesinos,
mutiladores, que han mutilado gente acá. ¿Cómo le van a decir eso? O sea acá
hay cosas que no comparto. Ellos (los que opinan sobre el terrorismo) deben
orientar de alguna manera. No directamente, claro, pero orientar. La verdad es
que a veces, escuchando yo, sinceramente (…)”.
“Yo le tengo un gran
aprecio, no la conozco, yo le tengo un gran aprecio a la doctora Susana Villarán.
Pero cuando habla de las cárceles dice “¡no, yo con los terroristas no, nada
que ver, los terroristas no!”. Una demócrata, una persona que se ha hecho de la
izquierda, que está preocupada por los derechos humanos, que se exprese de esa
manera, de verdad yo no entiendo. Yo al menos cuando decimos solidaridad con
los presos (…), creo que hay algo que nosotros no compartimos.”
JAVIER
CIURLIZZA CONTRERAS .- “Eso lo podríamos
ver al final junto con el tema del mecanismo de conversaciones que sigue
después. Yo quisiera, como decimos los abogados, hacer una cuestión previa.
Como se ha dicho se ha flexibilizado el régimen penitenciario en todos los
penales controlados directamente por el Ministerio de Justicia mediante el
decreto supremo 003-2001-JUS.”[61]
“Eso ha llevado a dos
efectos: uno positivo y uno negativo. El primer efecto ha sido el positivo, que
ha llevado a una cuestión ética de principios. Como decía el ministro (Diego
García Sayán), se restablece como debe ser. Me refiero a los derechos de
los internos. Entonces, mi intención ha sido, como ustedes ya deben saber,
bastante amplia (…)”[62]
“… las horas del
patio son todo el día. El desencierro es a las 6 de la mañana, el encierro a
las 8pm; es un encierro parcial, incluso pueden permanecer en los pasillos
hasta las 10 de la noche. No se permite el acceso de familiares de cualquier
tipo ni de amigos. Se permite el acceso de abogados cualquier día durante la
semana sin previo aviso, sólo con su carnet de abogado y su acreditación que
representa a la persona a la cual va a visitar. Y se ha hecho para todos, desde
el delincuente menor que robó el toca-casset de un carro hasta el violador
múltiple, pasando por todos los presos acusados por terrorismo y traición a la
patria. Ese es el efecto positivo”.[63]
Efecto
negativo
“Sin embargo, quiero
comentarles que al no tener lamentablemente ahora, por una deficiencia mas bien
estructural, un régimen adecuado en términos de cárceles bien construidas,
servicios bien provistos, con seguridad suficiente, el impacto de la
flexibilización ha sido complicado ¿no?. En algunos casos ha funcionado bien.
Debo decirlo que, por general, ha funcionado bien. Pero en el caso de los
presos comunes ha habido problemas. (efectos negativos)”. Por ejemplo, no digo
que sea una consecuencia, pero sí algo ha tenido que ver el abrir tanto (…) en
el caso específico de los que están en bandas, robo agraviado, que se llama
terrorismo especial, terrorismo agravado. Se han aprovechado de esa
flexibilización para hacer cosas impresionantes. Tenemos el caso del túnel de
Castro Castro.”[64] (Interrupciones
inaudibles de los internos. Al parecer comparan, entre bromas, con el túnel
construido por el MRTA en el gobierno de Alan García).
JAVIER
CIURLIZZA CONTRERAS.- “No, pero este es
un túnel más moderno y más largo…” (Risas de los presentes). “La autoridad debe
tener recursos disciplinarios frente a faltas e indisciplinas en los penales.
Entonces, se ha dictado un decreto supremo que no elimina el anterior, pero que
permite al presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a suspender
determinados beneficios ¿no? en caso de medidas de inconducta. Ahora no se ha
aplicado ninguna sanción, se ha recurrido al diálogo, y esto irrestrictamente,
como un tema de administración en el sistema penitenciario. Hemos tenido
lamentablemente que trasladar a un pequeño grupo de (presos) comunes de Castro
Castro, muy en contra de nuestra voluntad (…)”.”Es un sistema muy difícil
de manejar. Inclusive el ministro (Diego García Sayán) nos dijo,
“yo no quiero ser el ministro de las cárceles, yo no quiero que se me
recuerde con las cárceles”.[65]
Al toro por
las astas
“Entonces el 80% (del
tiempo del ministro García Sayan) está dedicado al tema de las cárceles,
inevitablemente, junto al tema de derechos humanos, corrupción, y todo lo
demás. Entonces lo que estamos haciendo es tomar el toro por las astas: llenar
este vacío puesto que hemos acelerado la construcción de una cárcel nacional
que se ha inaugurado hoy día, (en) Huaral, con capacidad para 800 internos en
total, que ya la recibimos, aparentemente muy moderna, pero con graves
problemas. “Ya se había inaugurado el año pasado, pero lo hemos tenido que
inaugurar de nuevo (…). Era un caos.”[66]
(Interrupciones con
la pregunta “¿qué pasó? y el emisario del gobierno Ciurlizza da
explicaciones sobre los problemas de iluminación y servicio de agua potable en
ese penal de Huaral. También preguntan en este tema sobre la institución ligada
a la Marina).[67]
JAVIER
CIURLIZZA CONTRERAS.- “No, no es de la
Marina, es otra compañía diferente la que empezó. No es la misma. Pero tampoco
lo hicieron muy bien que digamos (…). No hay ningún buen penal. Ninguna cárcel
es buena, la mejor cárcel no existe. Pero dentro de esas limitaciones es una
cárcel que ofrece servicios adecuados. Lo principal para nosotros es crear el
modelo de construcción de las cárceles. Pero como ustedes dicen, y estoy de
acuerdo, las cárceles del Perú desde los ‘90 fueron construidas por el régimen
anterior. Y para eso hay cuatro opciones para construir cárceles en el país:
pabellones con patio grande – Lurigancho -; (…) círculos concéntricos, donde
los presos están acá y los servicios están concéntricos. Y Yanamayo, una sola
entrada para todos, por ejemplo (…) no hay presos comunes, todo es rejas.
Entonces Huaral la hemos rediseñado: (…) 20 hombres, 80 mujeres y hoy en la
madrugada se han trasladado 500 presos de Castro Castro y de Lurigancho,
comunes todos. Ya están en Huaral. “¿Y cual es el plan? La administración en Castro
Castro también está muy mal (…) pero pueden recuperarse ciertos servicios
(…) para obtener esas buenas condiciones (…)”.[68]
“Tenemos en Castro
Castro una población de 680, más o menos, de un inicial que teníamos de
1,200. Habíamos hecho ya traslados a Cañete y a Tambo de Mora. Habíamos estado
repartiendo ya un poco los sentenciados. Entonces en Castro Castro están
quedando únicamente los presos por terrorismo y traición a la patria.”[69]
(Luego vuelve Ciurlizza
al tema de la política penitenciaria y recuerda que estuvo en el penal de
Yanamayo).
“Yo estuve en
Yanamayo el jueves (…). Dicho sea de paso sus amigos Osmán Morote y Maruja
Pantoja les mandan saludos, y ya no tuve tiempo
de hablar (…) con quien había hablado hace dos semanas (…) y yo quiero regresar
porque tenemos ahí un problema. El plan es tener penales por tipos de delito,
estamos hablando de iniciar (…)”. (Intervenciones inaudibles y continúa
Ciurlizza).[70]
AUDIOS
CIURLIZZA – GUZMÁN, PARTE 3:
Esta es la tercera
parte de los audios secretos de Javier Ciurlizza, secretario del
entonces Ministro de Justicia, Diego García Sayan, conversando
amigablemente con Abimael Guzmán sobre la flexibilización carcelaria a
los terroristas y otros temas.
Javier
Ciurlizza: “Diego García Sayán tuvo que mentir al país”
Diego García Sayan,
ex Ministro de Justicia del gobierno de Paniagua, es hoy Presidente de la CIDH.
Durante su gestión como ministro, se dieron las conversaciones secretas sobre
beneficios penitenciarios y sobre la creación de la CVR con los dirigentes
terroristas de Sendero y el MRTA. Las conversaciones se realizaron a espaldas
del pueblo peruano para esconder las visitas de los mandos terroristas de otros
penales a Abimael Guzmán. En estos audios se escucha claramente como
Ciurlizza consulta la legislación antisubversiva con el líder de Sendero
Luminoso Abimael Guzmán. Ciurlizza, asistente del Ministro Diego García Sayan,
también garantiza “instancias de control y de petición” para escoger sus
visitas y canalizar quejas y pedidos.[71]
RESUMEN
En esta tercera
entrega de los audios que contienen las negociaciones y conversaciones entre un
emisario del ministro de justicia Diego García Sayán (Javier
Ciurlizza Contreras) y la cúpula terrorista en la Base Naval del Callao,
concluye el primer punto de agenda sobre flexibilización del sistema
penitenciario. Y luego se abre un nuevo capítulo referido a las comunicaciones
y contactos entre los altos mandos subversivos reclamados por la cúpula subversiva.[72]
Eran pedidos de
coordinación entre los mandos subversivos a los que ya había accedido el
gobierno de transición, como lo denunciara el coronel Benedicto Jiménez,
denunciando las visitas de Osmán Morote y María Pantoja a la Base
Naval. Pero antes Ciurlizza aún habla sobre el régimen
penitenciario. Veamos por partes y cucharadas el pensamiento Ciurlizza,
asistente de plena confianza del entonces Ministro de Justicia, Diego García
Sayan.
JAVIER
CIURLIZZA.- “Ahora, pasando a otro punto de la agenda, que
creo que es el punto más concreto… Una de las comisiones que denunció el
reglamento de los pedidos que ustedes han hecho a la Defensoría del Pueblo
(tiene que ver) con la Base Naval (…). ¿Cuál es el origen jurídico de la
Base Naval? Ustedes tienen derecho a saberlo, en realidad no hay sustento
jurídico. Fue una solución de facto, formalizado con algunos lineamientos
internos, y de facto es administrado por la dirección del Consejo Supremo de
Justicia Militar, y mediante las brigadas (de custodia) de la Marina de Guerra
del Perú.”[73]
“Eso ha sido así,
digamos. El poder Ejecutivo o el poder civil, digamos, no tuvo injerencia en las
decisiones de administración y seguridad en los penales, sin embargo estamos en
una situación, como en todo el país, de tránsito”. (…) Sin embargo hemos estado
recuperando, en base de un diálogo muy importante, lo que nos lleva a una etapa
de tránsito, lo cual muchos de los aspectos que ocurren en la Base se manejan
en forma dialogada entre ambos (entre Defensa y Justicia). No es totalmente
cierto que el Ministerio de Justicia determine esas circunstancias (…) pero sí
es cierto que es un órgano de consulta. Entonces yo creo que sí es importante
recuperar el tema del control civil sobre el penal que está ocupado pues ahí.”[74]
Posibles e
imposibles
“Entonces allí hay
una cosa posible y una cosa no posible. Lo no posible, en lo que queda del
Gobierno, es que (…) no se va a cerrar la Base Naval (…) Quiero ser también
absolutamente claro en esto (…)”. Las razones creo que también ustedes pueden
comprenderlas. Lo que sí es posible es hablar del régimen (carcelario).
Entonces, efectivamente sobre el régimen había varias ideas, había ya un
trabajo previo cuando nosotros llegamos al gobierno, sobre la posibilidad de
establecer un reglamento, cambiando una norma, un decreto supremo y establecer
el régimen de vida y tratamiento de los internos recluidos aquí en este penal.
Esto lo recibimos como una herencia ¿no? Había sido estudiado, había sido en
algún momento desechado como una posibilidad. Entonces cuando nosotros
entramos, empezamos a trabajar. Efectivamente la habíamos recibido no ahora,
sino como una herencia de la gestión anterior. Y sostuvimos conversaciones con
los responsables para ver algunos temas. Hay algunos puntos de visita
consensuales y otros no tanto.”[75]
“Un principal punto
es el que si nosotros íbamos a firmar un decreto supremo y hacernos
responsables, específicamente, del tipo de decreto supremo que sea, debíamos
tener algún tipo de control y aquí formalizarlo. Y allí se llegó a un nivel de
tratamiento natural, porque el problema era que este penal está dentro de
una base militar, el acceso no es fácil, incluso para los que residen.
Entonces ahí un poquito que se nos entrampa. Pero yo ya he conversado, ayer,
con unos altos oficiales (…) sobre la posibilidad de retomar este tema. Lo que
sí es posible, y ustedes saben en un plazo que esperamos sea corto, es
establecer ciertas pautas escritas, no sé, una norma, de repente, un acuerdo, o
un aval de entendimiento entre el Ministerio de Defensa, que es el responsable
político de este penal, como con el Ministro de Justicia, Diego García Sayan,
que es el responsable político del Gobierno Central (…).”[76]
Ciurlizza: “El ministro (Diego García Sayán) tiene razón; esta es una
situación sui generis y ustedes lo saben, es una situación sui generis que
requiere soluciones sui generis. No vamos a poder aplicar el 003 acá, eso es
imposible, pero lo que sí es posible es poder aplicársele algunas otras cosas del
003 aquí, vamos a ver qué cosas.”[77]
“Creo que podríamos
hablar en primer lugar, de establecer, y esto será materia de propuesta al
Consejo Supremo (de Justicia Militar) y al Ministerio de Defensa, algún tipo de
Consejo Consultivo Técnico en que esté presente el Ministerio de Justicia, el
ministro de esa cartera, Diego García Sayan, la autoridad judicial, además de
las autoridades militares debido a las razones explicadas hace un momento. Eso
sería lo posible. Eso podría garantizarles a ustedes instancias de control y de
petición que pueda canalizar los pedidos específicos que tengan ustedes que sea
una instancia intermedia, entre, por ejemplo, el pedido de visitar a un
abogado, la extensión de la visita de los familiares. Eso es posible.”[78]
“Es posible también… he
conversado ver la ampliación de algunas visitas, habría que ver algunas
prioridades en cuestión de seguridad. No les puedo decir en este momento
quiénes podrían entrar, pero se me ocurre que una solución salomónica sería
que ustedes propongan algunas personas y que se evalúe en términos de
seguridad si eso es permitido o no. Y para esta cuestión podría que ser que el
Consejo Supremo de Justicia Militar, no sólo quien tiene la seguridad, sino
también el Ministerio de Justicia (García Sayan), quien debe revisar (…) el
tratamiento. Es también posible, no en el corto plazo, pero eso lo podemos
plantear, el flexibilizar el tema del acceso al patio del penal en el régimen
semicerrado (…).Todas estas cosas que son posibles vamos a trabajarlas, en
un plazo previo, y es el ofrecimiento que les hago (…) para poder tener una
base legal para este tipo de visitas.”[79]
“Entonces creo que
eso puede resolver, empezar a resolver los temas. Lo principal me parece es no
ir problema por problema si no hay canal para que esos problemas se resuelvas
naturalmente , es decir que ustedes no tengan (…) que esperar todo un trámite,
sino que haya un Consejo Técnico que pueda visitarlos periódicamente y nos den
las quejas de una manera más fluida y regular… Uhmmm… Entonces creo que, hasta
ahí llegó el tema de (…)”.[80]
ABIMAEL GUZMAN.- Yo quisiera… (Totalmente inaudible)[81]
JAVIER
CIURLIZZA.- Si, claro ¿desde cuando no sale? (…)[82]
ABIMAEL GUZMAN.- Desde hace dos años (Al parecer se queja que no sale de su celda o
del patio desde hace dos años).[83]
JAVIER CIURLIZZA.- (…) Entonces, yo creo que podríamos hacer que este Consejo, este
cuerpo consultivo, o lo que fuera, pueda también tomar decisiones sobre
modificaciones de estructura, que permitan un mayor acceso a patio, entonces es
tema conversable, conversable.[84]
Conversaciones
y contactos con otros mandos senderistas
JAVIER
CIURLIZZA.- “Quisiera pasar, si es que no tienen alguna
pregunta específica, sobre el tema de conversaciones y contactos (de los
dirigentes subversivos con otros dirigentes de otros penales), es decir pasar
al segundo punto. No quisiera pasar si es que hubiera alguna duda de algo. Si
no, en algún momento lo podemos retomar. Vamos al tema de conversaciones y
contactos, segundo punto. Yo veo que aquí hay también cosas posibles e
imposibles. Parto de las imposibles. Quiero ser muy claro al respecto. En un
plazo inmediato, es decir, hablo de los próximos quince días o un mes, es
imposible para nosotros facilitar una nueva visita. Las razones tienen que ver
con que las visitas que se realizaron anteriormente se filtraron a la prensa,
se conocieron y fuimos objeto de muchas críticas respecto al tema. El
ministro de Justicia ha negado y ha tenido que recurrir lamentablemente a la
mentira – y no es una persona que le guste mentir – cuando se le ha preguntado
si se ha facilitado esa visita.”[85]
“Creo que el
visitante no contribuyó a mantener la reserva debida, a esa visita que les
hemos hecho ¿no? De esa manera que tenemos hoy información respecto de que esa
persona difundió el video en las condiciones en las cuales se desarrolló su
visita. Entonces eso bloquea la posibilidad inmediata de nuevos contactos.
Quiero ser muy claro al respecto. Entonces eso es imposible.”[86]
García Sayan:
Mano blanda con los terroristas y puño de hierro con los militares.
Con García Sayan se
promovió e inició la aplicación de la doctrina penal de mano blanda con los
terroristas y puño de hierro con los militares. Bajo la directiva del entonces
Ministro de Justicia y hoy Presidente de la CIDH, se instauró la política de
flexibilización penitenciaria, que continuó después durante el gobierno de
Toledo. Gracias a la gestiones de Diego García Sayan, el Perú terminó
sometiéndose sin reservas ante la Corte IDH y es cuando se inicia la política
de allanamiento total en todos los casos de DDHH.
El
nombramiento de Pedro Cateriano y el Caso Chavín de Huantar
El nombramiento de
Pedro Cateriano como agente del Perú ante la CIDH es demasiado sospechoso ya
que Cateriano formó parte de las comisiones Consultivas del Ministerio de
Justicia cuando era ministro de esa cartera, Diego García Sayan y mantuvieron y
mantienen una estrecha relación.
En la edición del
diario Correo del 10 de Febrero de este año, García Sayan insinúa que el Perú
perderá ante la CIDH y declara: “Asumiendo que el Perú perderá en algunos casos
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), el presidente de
dicha sede, Diego García Sayán, sugirió que el Perú debería allanarse en
algunos juicios.”Más bien, cuando llega un caso a la Corte, como país (el Perú)
debe presentar una buena defensa, reconocer temas donde es previsible que el
resultado pueda ser desfavorable y concentrarse en temas que pueden ser
debatibles ante la Corte”, dijo. Puso como ejemplo el caso de Chavín de
Huántar, que presenta una “vulnerabilidad de plazo” debido al exceso de tiempo
del juzgamiento en el PJ.[87] En pocas palabras,
¡Pedro Cateriano, íntimo amigo y colaborador del ex Ministro de Justicia del
gobierno de Paniagua, Diego García Sayan, gestor del Juicio a los Comandos
Chavín de Huantar, va a defender al Perú y a los Comandos ante la Corte – IDH
siendo Juez y parte Diego García Sayan! ¿Cómo se va a confiar la defensa del
Perú y la vida y el futuro de nuestro héroes a una persona con vínculos tan
estrechos con Diego García Sayan, cuya posición contra la operación Chavín de
Huantar y los Comandos siempre ha sido, por lo menos, critica? Si es así,
estamos frente a un caso perdido.
La CVR, sus
miembros y Diego García Sayan
Imagen Nº 15:
El Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional ( CVR )
estuvo parcializado y sesgado de manera categórica y más que todo, tuvo por
finalidad encubrir terroristas y poner al estado; en su lucha contra estos
asesinos; a su mismo nivel empleando para ello diversos términos uno de ellos
el de “violencia política”.
La Comisión de la
Verdad ha sido la estafa más grande que se ha montado desde el Estado para
engañar a todos los peruanos. Con respecto a los audios, si bien éstos se
dieron a conocer en el 2003, las conversaciones corresponden al 2001, cuando
Diego García Sayán, verdadero cerebro del mal y creador de este monstruo
llamado CVR, preparaba su maquiavélico plan coordinando con Abimael Guzmán,
para soltar terroristas y ablandar sus regímenes penitenciarios y perseguir a
las Fuerzas Armadas y Policiales que lucharon y dieron sus vidas para salvarnos
de estos asesinos.
Resulta
incomprensible que agitadores y subversivos de antaño como Rolando Ames,
Salomón Lerner, ex rector de La Católica, Carlos Iván Degregori, amigo personal
y compañero de Abimael Guzmán, Alberto Morote, jefe de Abimael Guzmán en la
UNSCH y padre del cabecilla senderista Osmán Morote Barrionuevo, Carlos Tapia,
también amigo personal de Abimael, Enrique Bernales, ambos militantes de la
izquierda radical de los 60 y 70 que asistieron al parto de Sendero Luminoso,
hayan formado parte de la CVR cuando el Decreto Supremo de su creación dice
claramente que sus miembros deben ser “personas de reconocida trayectoria
ética, prestigio y legitimidad en la sociedad e identificadas en la defensa de
la democracia y la institucionalidad constitucional.” Que alguien nos explique
pues cómo es que estos predicadores de la lucha armada, del asalto del poder
por las armas terminaron como miembros de la CVR.[88]
Es completamente
falso eso de que los miembros se aprobaron por votación del Concejo de
Ministros cuando Javier Pérez de Cuéllar era el Presidente del CM. La CVR se
crea con Decreto Supremo del 31 de agosto del 2001, cuando Alejandro Toledo era
presidente y Roberto Dañino el Presidente del Consejo de Ministros. No sabemos
finalmente cómo se conformó la CVR porque en su página web no figura el Decreto
Supremo de su conformación. Lo más seguro es que los miembros de la CVR ya
estaban designados por García Sayán desde el año anterior a su conformación.
Queda claro que el cerebro maquinador de todo este proyecto, la CVR, desde el
gobierno de transición de Paniagua fue Diego García Sayán. El fue el titiritero
que estuvo manipulando los hilos desde el principio.[89]
Lo que no se ha
respondido son las graves acusaciones formuladas por varios miembros del
Congreso que la CVR fue un proyecto personal de Diego García Sayán, en
contubernio con la cúpula senderista y del MRTA, que básicamente perseguían
tres objetivos:
1) Justificar el
accionar de Sendero Luminoso.
2) Justificar
simultáneamente el accionar de toda la izquierda insurgente de los años 60 y 70
que contribuyeron a la generación de Sendero Luminoso, y del cual formaban
parte los más destacados miembros de la izquierda nacional actual, incluyendo a
Diego García-Sayán Larrabure.
3) Ganar prestigio y
reconocimiento por parte de Diego García-Sayán en sus intenciones de pasar a
formar parte de la CIDH y llegar a presidirlo, lo cual logró.[90]
Todo esto explicaría
pues el interés subalterno de conformar esa Comisión de la Verdad que nunca fue
necesaria en el país pues jamás ignoramos la verdad. Ya es tiempo de que se conforme
una comisión investigadora que se ocupe de ofrecernos la verdad que hubo detrás
de ese gran fraude nacional conocido como la CVR.[91]
La relación
tan extraña y hasta poderosa de los grupos terroristas con el entonces Ministro
de Justicia, Diego García Sayan:
Encontramos esta
reveladora carta de los miembros del MRTA que se autodenominan “presos
políticos,” al entonces Ministro de Justicia Diego García Sayan.
En el primer párrafo
se lee: “Los suscritos, presos políticos acusados de pertenecer al Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), internos en el penal de máxima seguridad de
La Capilla-Juliaca-Puno respetuosamente nos presentamos y decimos: Que
solicitamos a su despacho disponer en forma inmediata nuestro traslado al
establecimiento penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro –LIMA.”[92]
Sigue: “Los
recurrentes llevamos varios años de encierro inhumano e ilegal en él
Establecimiento Penal de máxima seguridad de Yanamayo – Puno, viviendo los
rigores del aislamiento, altura, frío y otras situaciones propias de este
encierro. Dicho penal entró en funcionamiento durante el gobierno dictatorial y
corrupto de Fujimori-Montesinos, siendo el único objetivo de dicha prisión
lograr el aniquilamiento paulatino, físico y mental de los presos políticos. La
permanencia de dicho penal debe avergonzar al gobierno actual que usted
representa.”[93]
El 5to párrafo de la
carta revela: “Vuestro despacho, Sr. Ministro así como los representantes del
Instituto Nacional penitenciario (INPE) alentaron en forma reiterativa que se
iba a dar el esfuerzo de humanizar las prisiones, debiendo retornarlas a la
legalidad y constitucionalidad, que se iba a trasladar a los presos políticos a
lugares cercanos a nuestras familias… Y lo peor de todo es que estamos en un
penal destinado a presos comunes, al que somos ajenos por ser “presos
políticos,” correspondiéndonos otro régimen penitenciario.[94]
Luego se lee, “se
trata de que mejoremos nuestra situación señor Ministro García Sayan, no que la
empeoremos, es obligación de vuestro despacho actuar correcta y legalmente, por
lo que los suscritos no debemos permanecer en este penal, debiendo ser
trasladados en él más corto plazo al establecimiento penal Miguel Castro Castro
en Lima, más cercano a nuestra familia.[95]
Termina la carta con
el siguiente pronunciamiento “Concluimos reiterando que resulta una obligación
del Ministerio de Justicia mejorar las condiciones carcelerías, ya que
suficiente sanción resulta la privación de la libertad, como para agregarle
otras sanciones ilegales, que lamentablemente este gobierno implementa
continuando lo realizado por la mafia liderada por Fujimori-Montesinos.
Confiamos en que se rectificará la decisión equivocada que hemos señalado. La
Capilla- Juliaca, Mayo 18 del 2001.[96]
Viajes de
terroristas el exterior gracias a Diego García Sayan y Alejandro Toledo
Muchos analistas y
especialistas en materia de legislación anti-terrorista coinciden en
responsabilizar al ex presidente Alejandro Toledo y a su ex ministro de
Justicia Diego García Sayán –hoy presidente de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos– de haber allanado el camino para que los terroristas obtengan
beneficios penitenciarios y hasta puedan salir del país cuando quieran. “Ese es
el andamiaje que preparó el señor Toledo y García Sayán y todo el caviaraje
peruano, que elaboraron sentencias fuera del país, elaboraron una arquitectura jurídica
violatoria de las bases del derecho penal e hicieron una labor de
adoctrinamiento contra los fiscales y en el Poder Judicial. Muchos han
cuestionado los permisos que el Poder Judicial viene dando a los sentenciados
por terrorismo para que abandonen el país, con el pretexto de pasar las fiestas
navideñas junto a sus familias.[97]
Dato: El DL 927 fue
promulgado en el gobierno de Alejandro Toledo cuando tenía de ministro de
Justicia a Fausto Alvarado, aunque el gran impulsor de bajar la guardia en el
régimen penitenciario a los terroristas es Diego García Sayán.
Conclusiones:
Diego García Sayan y la CVR
La CVR nació ilegítima.
Nunca hubo lo que llaman “un clamor de la sociedad por conocer la verdad.” La
CVR fue un Frankenstein o monstruo que nació de la mente maquiavélica de Diego
García Sayan, que por llenarse los bolsillos de dólares, fue capaz de
traicionar a su propia patria y a sus Fuerzas Armadas y entregarlos a ser
ajusticiados y hasta linchados por organismos internacionales izquierdistas
aliados a grupos terroristas. Tan es así, que “incluso durante el gobierno de
Toledo en el 2001, la Revista Ideele de la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL)
se preguntaba: ¿Pero por qué si está Diego García Sayán de ministro de
Relaciones Exteriores y Fernando Rospigliosi en el Ministerio del Interior,
deben haber organismos de derechos humanos?”[98]
Diego García Sayan
debe ser investigado y este tema debe ser esclarecido. En el Perú jamás
ignoramos la verdad. Esta fue publicada por diversos medios y formatos desde
que apareció Sendero Luminoso. Y lo más curioso es que quienes más publicaron
sobre el fenómeno senderista fueron precisamente los llamados a conformar la
CVR. Por ello no hicieron más que copiar y pegar sus propios estudios en el Informe
Final y citarse a sí mismos. Al final sólo queda claro el hecho de que la CVR
no fue más que un gran negociado de ciertos personajes cercanos a la PUCP y
ONG’s de izquierda que, como siempre, apelan al discurso de la pobreza y los
marginados para llenarse los bolsillos de dinero.[99]
Imagen Nº 16:
Diego García Sayan y el Informe final de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación Nacional (CVR) sobre el cual giran una serie de dudas y
suspicacias que deberían ser aclaradas en busca de una verdadera reconciliación
nacional.
La CVR nació
ilegítima, y su conformación fue infame. Se reunió a un grupo de izquierdistas
con tendencias marxistas, incluyendo al terrorista fundador de Sendero Luminoso
Abimael Guzmán. La mayoría de sus miembros ya habían escrito largos artículos
sobre el terrorismo en el Perú por años con un sesgo político innegable. Que no
se diga que la CVR actuó con imparcialidad ya que como lo dijimos
anteriormente, nació de la mente de un acérrimo anti-fujimorista, pro –
senderista y enemigo implacable de las Fuerzas Armadas: Diego García Sayan.
[1] El Poder Judicial y las ONG neo-marxistas en el Perú. Por Jorge Serrano Torres. 1ro de Noviembre del 2006.
[4] El Poder Judicial y
las ONG neo-marxistas en el Perú. Por Jorge Serrano Torres. 1ro de Noviembre
del 2006.
[7] El Poder Judicial y
las ONG neo-marxistas en el Perú. Por Jorge Serrano Torres. 1ro de Noviembre
del 2006.
[8] DESCO: Centro de
Estudios y Promoción del Desarrollo. Es una organización no gubernamental de
desarrollo que se ubica en la sociedad civil peruana, con 45 años de trabajo al
servicio de la promoción del desarrollo social y del fortalecimiento de las
capacidades de los sectores excluidos del Perú.
[9] CEPES: El Centro
Peruano de Estudios Sociales es una institución privada sin fines de lucro,
fundada en 1976 especializada en temas de desarrollo agrario y rural.
[10] Estudio Ugaz y su
entorno íntimo. Por Herbert Mujica Rojas. 31 de Octubre del 2008. Red Voltaire.
[11] Estudio Ugaz y su entorno
íntimo. Por Herbert Mujica Rojas. 31 de Octubre del 2008. Red Voltaire.
[12] Ibid. [13] “Narcotráfico Internacional quiere tumbarse a Fujimori.” Revista Gente. 23 de Febrero del 2000.
[14] “Narcotráfico
Internacional quiere tumbarse a Fujimori.” Revista Gente. 23 de Febrero del
2000.
[17] “Narcotráfico
Internacional quiere tumbarse a Fujimori.” Revista Gente. 23 de Febrero del
2000.
[18] DIEGO GARCIA SAYAN,
ALLANAMIENTO A LA CIDH. MIÉRCOLES, 3 DE SEPTIEMBRE DE 2008. LUIS F. TEMPLE.
[19] DIEGO GARCIA SAYAN,
ALLANAMIENTO A LA CIDH. 3 DE SEPTIEMBRE DE 2008. LUIS F. TEMPLE.
[20] Ibid. [21] Ibid. [22] DIEGO GARCIA SAYAN, ALLANAMIENTO A LA CIDH. 3 DE SEPTIEMBRE DE 2008. LUIS F. TEMPLE.
[23] DIEGO GARCIA SAYAN,
ALLANAMIENTO A LA CIDH. 3 DE SEPTIEMBRE DE 2008. LUIS F. TEMPLE.
[26] Ibid.[27] DIEGO GARCIA SAYAN, ALLANAMIENTO A LA CIDH. 3 DE SEPTIEMBRE DE 2008. LUIS F. TEMPLE.
[28] Ibid. [29] Ibid. [30] Ibid. [31] Ibid.
[32] DIEGO GARCIA SAYAN,
ALLANAMIENTO A LA CIDH. 3 DE SEPTIEMBRE DE 2008. LUIS F. TEMPLE.
*Diego García Sayan
tiene una ONG “Comisión Andina de Juristas” que trabaja haciendo lobby en la
CIDH.
[33] Hay “lobbies” de ONG
dentro de la CIDH y Corte. 27 de Diciembre del 2011. UnoAmérica. Por Jaime
Restrepo.
[36] Hay “lobbies” de ONG
dentro de la CIDH y Corte. 27 de Diciembre del 2011. UnoAmérica. Por Jaime
Restrepo.
[37] El Poder Judicial y
las ONG neo-marxistas en el Perú. Por Jorge Serrano Torres. 1ro de Noviembre
del 2006.
[38] Perú perdió todos
los casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 19 de Febrero del
2012. Diario El Comercio, Perú.
[41] El Poder Judicial y
las ONG neo-marxistas en el Perú. Por Jorge Serrano Torres. 1ro de Noviembre
del 2006.
[42] Ibid. [43] Diario La Razón, Perú. Páginas 2 y 3. 23 de Julio del 2003.
[44] Diario La Razón,
Perú. Páginas 2 y 3. 23 de Julio del 2003.
[45] Ibid. [46] Ibid. [47] Ibid. [48] Ibid.
[49] Diario La Razón,
Perú. Páginas 2 y 3. 23 de Julio del 2003.
[50] Ibid. [51] Ibid. [52] Ibid. [53] Ibid.
[54] Diario La Razón, Perú.
Páginas 2 y 3. 23 de Julio del 2003.
[55] Ibid. [56] Ibid. [57] Ibid. [58] Ibid.
[59] Diario La Razón,
Perú. Páginas 2 y 3. 26 de Julio del 2003.
[60] Ibid. [61] Diario La Razón, Perú. Páginas 2 y 3. 26 de Julio del 2003.
[64] Diario La Razón,
Perú. Páginas 2 y 3. 26 de Julio del 2003.
[65] Ibid. [66] Ibid. [67] Ibid.
[68] Diario La Razón,
Perú. Páginas 2 y 3. 26 de Julio del 2003.
[71] Diario La Razón el
día domingo 27 de julio del 2003.
[72] Ibid. [73] Ibid. [74] Ibid.
[75] Diario La Razón el
día domingo 27 de julio del 2003.
[78] Diario La Razón el
día domingo 27 de julio del 2003.
[79] Ibid. [80] Ibid. [81] Ibid. [82] Ibid. [83] Ibid. [84] Ibid.
[85] Diario La Razón el
día domingo 27 de julio del 2003.
[86] Ibid. [87] García Sayán insinúa que Perú perderá en la CIDH. 10 de Febrero del 2010. Diario Correo.
[88] Tapia encubre la
verdad sobre la CVR. Dante Bobadilla. La Mula. 14 de Febrero del 2012.
Entrevista de Beto Ortiz a Carlos Tapia.
[89] Tapia encubre la
verdad sobre la CVR. Dante Bobadilla. La Mula. 14 de Febrero del 2012.
Entrevista de Beto Ortiz a Carlos Tapia.
[92] CARTA DE LOS PRESOS
DEL MRTA AL MINISTRO DE JUSTICIA. 18 de Mayo del 2001. http://www.cedema.org/ver.php?id=3929
[93] CARTA DE LOS PRESOS
DEL MRTA AL MINISTRO DE JUSTICIA. 18 de Mayo del 2001. http://www.cedema.org/ver.php?id=3929
[94] Ibid. [95] Ibid. [96] Ibid.
[97] La culpa es de
Toledo y Diego García Sayan. Diario Expreso. 26 de Diciembre del 2011.
[99] El Fracaso de la
CVR. Dante Bobadilla Ramírez. 4 de Marzo del 2012. Publicado en el blog
“Catarsis y Harakiri.”
Fuente: BLOG:http://prohibidoparacaviares.com/category/uncategorized/