ONGs pretenden desmantelar a las FF.AA.
Es la táctica de las “comisiones de la verdad”, denuncia el Ejército El informe señala que entre 1992 y 1993, Diego García Sayán, ex director de la División de Derechos Humanos de la ONU para El Salvador, y Carlos Chipoco, ex director de IDL, utilizando al secretario general de las Naciones Unidas de ese entonces, Javier Pérez de Cuellar, fueron los artífices de la Comisión de la Verdad en ese país centroamericano, que tuvo una duración de ocho meses. Durante la permanencia de la Comisión de la Verdad –subraya el informe– lograron el desmantelamiento de los institutos armados, el encarcelamiento de muchos de sus oficiales (sin derecho a defensa) y anularon un acápite del articulo 30 de la Carta Magna de dicho país, que postulaba la intervención del Ejercito en el restablecimiento del orden publico.
Asimismo, los comisionados negociaron con la narcoguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la que además de obtener la libertad de sus militantes consiguió legalizarse como partido político, y adecuaron un programa para reformar el Poder Judicial y el sistema electoral. Los ‘oenegistas’ de la Comisión de la Verdad lograron que dichas medidas sirvieran como especie de laboratorio para instaurar a nivel mundial “el principio de soberanía limitada”, proyecto maquinado por la ultraizquierda con el apoyo de la “ayuda exterior”. No cabe duda que fueron las Fuerzas Armadas el blanco de la Comisión de la Verdad, instaurada por García Sayán y compañía en El Salvador, precisa el documento del Ejército, el cual permite advertir que esa experiencia podría repetirse en el Perú.
Incongruencias de la CVR De los 43 casos judicializables que encontró la CVR, sólo en dos de ellos considera como responsable a Sendero Luminoso. El informe precisa que, a pesar de que el informe de la Comisión de la Verdad no es vinculante, las fiscalías toman las denuncias hechas por la CVR como valederas. Otra de las incongruencias es la magnificación del número de víctimas (69,280) sobre la base de un modelo estadístico no apropiado. Asimismo, las conclusiones del informe de la CVR no tienen una lógica entre el antecedente y el consecuente, advierte el informe del Ejército. También se critica el empleo de la teoria de Klaus Roxin, respecto al “dominio del hecho” para acusar a los altos mandos de las fuerzas armadas, basando sus acusaciones en testigos de dudosa reputación y en supuestos asesinatos, y en donde los nombres de las víctimas no figuraban en el archivo del Reniec o estaban ya fallecidas. “El informe de la CVR no distingue a ningún muerto de Sendero Luminoso, caído como consecuencia de los enfrentamientos con las fuerzas del orden, con lo cual se pretende declarar a los terroristas como víctimas de un genocidio, y a los militares como ejecutores de un plan de aniquilamiento”, señala el informe de Inteligencia del EP.
Conclusiones
“Es indudable que estas ONG pretenden reestructurar a las Fuerzas Armadas, disminuyéndolas a su mínima expresión. De continuar implicando estas organizaciones a los miembros de las FF AA, crearán un caos al interior de estas y a la vez se hará peligrar la restitución del orden público en casos de alteraciones futuras”, se señala en el informe del EP
- Amnistía Internacional. El congresista Luis Gonzales Posada, de la Comisión de Defensa del Legislativo, consideró que la denuncia del Ejército sobre la pretensión de algunas ONG por desmantelar nuestras Fuerzas Armadas, debe ser revisada por el ministro de Defensa Marciano Rengifo Ruiz. “No sé si (esta denuncia) es verdad o mentira. En todo caso, a quien le corresponde comprobar la verdad de los hechos es al ministro de Defensa (Marciano Rengifo)”, refirió el congresista aprista, quien además exigió que lo antes posible se inicie una investigación sobre este tema.
De no pronunciarse Rengifo, advirtió Gonzales Posada, tendrá que responder ante los “históricos institutos armados” por qué guardó silencio en un tema que es de gran importancia para las Fuerzas Armadas del Perú. El también presidente de la sub comisión de Seguridad Ciudadana dijo que si este informe del Servicio de Inteligencia del Ejercito es cierto, entonces el titular de Defensa tendría que denunciar a los responsables de esta conjura contra las Fuerzas Armadas. “Si este informe es correcto, es obligación constitucional denunciar a los responsables de esta conjura contra las Fuerzas Armadas, lo que es responsabilidad de un ministro. Él sí tiene mecanismos para hacer esta denuncia”, manifestó Gonzales Posada.
El parlamentario consideró que el jefe de Ejército, César Reynoso Díaz, también tiene que responder ante el informe de esta institución militar para dar a conocer la veracidad de los datos que se consignan. |
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