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sábado, 18 de noviembre de 2017
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La Comisión de la Verdad y Reconciliación y las Fuerzas Armadas

NOTA. Esta primera reflexión se refiere a los aspectos más visibles del trato dado por la CVR a las FFAA en las conclusiones de su informe final. Lo curioso es que tales conclusiones no siempre son congruentes con los análisis de donde se obtienen ellas, lo que hace sospechar que las conclusiones fueron redactadas por los miembros de la CVR, mientras que los estudios previos fueron trabajados por diversos especialistas, algunos de los cuales se dejaron llevar por la retórica, pero que, en general, reflejan lo sucedido en el conflicto. En otras palabras, es una lástima que la CVR se haya dejado influir por el antimilitarismo evidente de algunos de sus integrantes, los que sesgaron sus conclusiones. Otra reflexiones futuras tratarán de probar lo aquí afirmado.

Lo primero que hay que decir sobre el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación es que lo menos que se encuentra en el informe final, fruto de este trabajo de año y medio, es la verdad, sobre todo en lo que atañe al papel que cumplieron las fuerzas del orden (FFOO), es decir, los elementos operativos de las FFAA y la PNP. Las conclusiones de la CVR al respecto lo único que hacen es desprestigiar a esas FFOO, separarlas de su entorno natural, que es la sociedad peruana, como si ellas no fueran dignas de mezclarse con sus compatriotas, menos con la intelectualidad, esa élite a la que los miembros de la CVR, al parecer, creen representar.

Hay mucho material publicado que cuestiona, entre otros aspectos: la composición de esa comisión, habida cuenta la ideología de algunos de sus integrantes, hasta no hace mucho, de extrema izquierda, y el que, se dice, se haya negociado con la cúpula senderista el establecimiento de la CVR y hasta el nombramiento de sus integrantes, lo que bastaría para explicar los burdos sesgos que se encuentran en el informe final ya mencionado. Aquí no nos vamos a apoyar en esos cuestionamientos para expresar nuestras propias reservas, nuestra negativa a aceptar como válidas sus conclusiones. Vamos a basar nuestras afirmaciones en el contenido del libro Hatun Willakuy (CVR, Lima, 2004), que es un resumen del informe presentado por la CVR a las autoridades y la opinión pública peruanas y en el extranjero. Para esta última presentación, miembros de la CVR han viajado por varios países, buscando el apoyo internacional, tal vez, porque presumían que aquí sería cuestionado. Debe ser una lástima para ellos que ese intento no haya convertido su informe en el "Informe Lerner", es decir, que no haya alcanzado la respetabilidad del "Informe Sábato" en la comunidad internacional.

Para quien ha seguido de cerca el conflicto interno -como este autor, que acaba de publicar el libro "Sendero Luminoso. Subversión y Contrasubversion. Historia y Tragedia"- resulta incomprensible la forma en que la CVR describe el entorno del conflicto. Lo extraño es que ni siquiera ha definido la naturaleza del mismo. La pregunta lógica que suscita esa carencia, es: ¿qué conflicto ha estudiado, investigado, analizado la CVR? Para quien viene hablando de la guerra interna desde hace más de 20 años, el asunto puede ser hasta angustiante, porque si la CVR no reconoce que aquí hubo una guerra, y no lo reconoce en todos los tonos y matices, y si, a lo mejor, tiene razón, qué fiasco el de este autor, pues, entonces, sólo ha estado practicando una suerte de onanismo intelectual, y durante 20 años. Desde luego, las líneas anteriores no pasan de ser retóricas, casi como muchos de los conceptos de la CVR. Porque es verdad que aquí hubo una guerra, y eso no lo puede ocultar nadie, ni siquiera la CVR. ¿Cómo explicar, entonces su ceguera? La única respuesta lógica es que se acercó al problema con la idea preconcebida de que su trabajo debía servir para probar hasta la saciedad que los militares peruanos lo único que hicieron duante el conflicto fue violar los derechos de los peruanos más pobres, en la misma forma en que lo hicieron los senderistas. ¿Acaso no sucedió así en Chile y Argentina, acaso no es la costumbre sempiterna de los "gorilas" latinoamericanos?.

Entonces, es un hecho que el prejuicio antimilitarista de los miembros de la CVR orientó su trabajo, lo que lo invalida, por lo menos en lo que atañe a la forma en que apreciaron el papel cumplido por las FFAA y la PNP. Y resulta no válido, además, porque la CVR no recibió carta blanca para desempeñar su propio trabajo, sino que se le indicó que descubriera la verdad de lo acontecido en el Perú en 20 años del conflicto interno. Y se le puso ciertos parámetros, aparte de dinero suficiente (lo que está preocupando al Congreso) para reclutar un equipo de primera calidad, con sueldos más que decorosos; plena libertad para acudir, en busca de información o pruebas, a todo el aparato estatal, incluidas las FFAA y la PNP, etc. La orientación inicial de la CVR, que podría entenderse si hubiera sido planteada como hipótesis de trabajo, entonces, sesgó todo su estudio, como lo probaremos más adelante. De momento digamos que, al parecer, la CVR no se preocupó mucho de que los miltares cuestionaran su informe, sin duda, porque ¿quién cree actualmente en los uniformados, acaso no están desprestigiados hasta la médula? Y entonces, la CVR se sintió con licencia para disparar con todo, hasta para elevar a Vladimiro Montesinos a la condición de vocero o jefe indiscutido de las FFAA. Y este es uno de sus excesos más notables: confundir a Montesinos con las FFAA, insultante error para quienes visten el uniforme militar.

Pues bien, aquí se consignan algunos cuestionamientos sobre sus conclusiones respecto al desarrollo de la lucha interna, y específicamente en lo referente a:

-la oportunidad de su actuación
-la definición de la naturaleza del conflicto
-el número de víctimas que señala en el informe final
-el sesgo antimilitarista que se nota en ese documento
-el sesgo sociologista que hay en el mismo


1. ¿Fue oportuno el momento en que empezó actuar la CVR?
Decididamente, no, aunque eso no es responsabilidad de la CVR sino del gobierno que la instituyó. No lo fue, en primer lugar, porque la guerra interna aún no había terminado, lo que hacía, por fuerza, provisional sus conclusiones. Y en segundo lugar, porque en vista de esa situación de guerra inconclusa, muchos de los testimonios que la CVR debía recoger podían estar segados por el temor a las represalias de SL, habida cuenta que nadie puede estar seguro de que el aparato clandestino de esa organización está inactivo. Parece muy claro que a quienes testimoniaron ante la CVR les era más cómodo achacar sus males a las fuerzas del orden antes que a Sendero, con lo que no queremos descalificar esos testimonios, que deben merecer de todos los peruanos la más plena, compasiva y solidaria aceptación. Por lo demás, cuando el gobierno actual agregó lo de la reconciliación a las responsabilidades primigenias de la comisión, complicó aún más el problema, pues cómo lograr la reconciliación entre adversarios que aún combaten. Da la impresión que esta etapa se salta a la garrocha el paso previo necesario de la pacificación. En todo caso, la CVR no aporta nada en ese tema. Más bien, ha hecho más difícil esa tarea, porque, gracias a su informe, lo primero que hay que lograr es la reconciliación de la sociedad con los militares, antes de pensar en reconciliar a la sociedad con los senderistas. Porque de eso se trata en este asunto de la reconciliación, tan necesario al final de todo conflicto interno.


2. Sobre la naturaleza del conflicto
Lo primero que debió hacer la CVR era definir su problema, es decir, qué tipo de conflicto era el que debía investigar. Al parecer, la CVR, con su idea preconcebida, con su antimilitarismo ya mencionado, decidió enfrentar el problema sin tener idea clara de ese aspecto sustantivo, pues puso a un lado a los protagonistas principales del mismo, es decir, las FFOO y Sendero, y al otro, al resto de la nación, lo que hasta cierto punto es lógico. Pero, lo hizo de tal manera que sacó a las FFOO de su contexto natural, es decir, la sociedad peruana. Lo que está claro, en todo caso, es que la CVR investigó el conflicto peruano como si se tratara de lo sucedido en Argentina, con los montoneros, o en Uruguay, con los tupamaros; en ambos casos también se emplearon las FFAA para combatir a los insurgentes, pero mayormente con procedimientos policiales o de Inteligencia. La CVR no quiso aceptar la realidad de que aquí hubo una guerra interna. A partir de ésto, la lógica fue aplicada según criterios discutibles. Por ejemplo, no es lógico que se permita poner a ambos contendientes en el mismo nivel moral y ético. Porque mientras Sendero atacó al Estado y por su flanco más débil, es decir, el de los peruanos en extrema pobreza, las FFAA fueron puestas en la escena conflictiva por el gobierno y según el procedimiento previsto en la Constitución peruana, precisamente, para defender al Estado y a la sociedad peruanos,. Mientras Sendero hizo de la violencia uno de sus procedimientos de lucha más crecientemente empleados, las FFOO se esforzaron, sobre todo mediado el conflicto, en limitar el nivel de violencia propio de toda guerra, como la misma CVR lo reconoce. No se puede, pues, mirar a ambos contendientes como si fueran iguales.

No se piense que la CVR no discutió el tema de la naturaleza del conflicto; lo hizo y ello queda demostrado en el párrafo "La dimensión jurídica de lo ocurrido", de su libro ya citado (pp. 27 al 38). Demuestra en él que se apoyó en la legislación internacional, pero que tomó de ella lo que se adaptaba a su idea preconcebida respecto al tipo de conflicto que hubo en el Perú. Menciona de pasada la legislación internacional referida a la guerra y sólo para decir que el derecho humanitario nace de esa legislación, pues, inicialmente, se refería al trato que las tropas debían dar a la población civil durante la guerra. Sus factores de análisis del comportamiento castrense los tomó, pues, del derecho humanitario, desechando los de guerra, que, en muchos casos concretos, eran más apropiados para la situación conflictiva en el Perú. Tal vez, a la CVR se le hizo cómodo adoptar ese criterio debido a que la guerra interna en nuestro país no fue una guerra formal, según el derecho internacional, porque SL no alcanza el calificativo de beligerante (por eso, en la documentación de las FFOO se les denomina a los senderistas y emerretistas "delincuentes subversivos"). Puede ser cierto esto, pero eso no debió servir para desechar el criterio que las FFOO peruanas actuaron según los planes de la Defensa Interior del Teritorio (DIT), es decir, ingresaron al conflicto en actitud de combate, para restablecer el orden, alterado por gentes que se comportaban como adversarios guerreros. A la CVR se le encomendó que descubriera la verdad de lo ocurrido en el Perú, cualquiera que fueran los criterios jurídicos aplicados en estudios de otras realidades. Cuando la CVR se apoya en criterios ajenos a nuestra realidad conflictiva no cumple el encargo recibido, así de simple.

Hay que entender que la CVR recibió un encargo nada fácil, pues la lucha armada o la guerra popular de Sendero se ejecutó fuera de todo texto, fue un esfuerzo bien "chicha", como decimos los peruanos. Lamentablemente, hay que decir que la CVR no estuvo a la altura de tan importante encargo. Y que, por no querer reconocer la calidad del servicio que prestaron las FFAA en la defensa de la sociedad, las ha pintado de la manera más horrible. No se trataba de que evitara los temas referentes a los excesos de las FFOO, pero sí, de que los pusiera en su real dimensión. Si todos los analistas que se han pronunciado sostuvieron que hubo una "estrategia violadora de los DDHH", y que de ella eran responsables directas las FFAA, la CVR debió ilustrar a los peruanos que eso no era cierto, pues tuvo todas las facilidades para entender que la estrategia no la establecen las FFAA, sino el gobierno, con el Consejo de Defensa Nacional, es decir, el mando político. Desde luego, aceptar tal tesis, significaba señalar a los gobiernos democráticos de Fernando Belaúnde y Alan García como responsables directos de esa estrategia. Tal vez para evitarse el problema, la CVR consideró a las FFAA como un ente autónomo que actuó al margen de los gobiernos, cometiendo uno de sus errores más absurdos. Al respecto, ya es hora de que la CVR se entere que las FFAA peruanas no mueven un dedo sin orden presidencial.

Pues bien, como consecuencia de esa orientación inicial de la CVR, hay mucho sesgo en sus conclusiones. Veamos algunos casos:

Todo conflicto genera su propia dialéctica. En el caso a que nos referimos, desde el principio se vio que gran parte de los peruanos, sobre todo los de ideología izquierdista, se mostraron reacios a que el gobierno empleara a las FFAA, porque ello, decían, suponía la militarización del proceso conflictivo. En el inicio de la dialéctica generada por este conflicto, la no militarización del mismo, se convirtió, pues, en el caballito de batalla de muchos intelectuales y medios. Por eso el presidente Belaúnde dio al general Noel esa orden equívoca respecto a que debía proporcionar, unicamente, apoyo a la PNP ( dicho general dijo a la CVR, que cuando hizo notar que se le estaba cambiando la misión inicial, Belaúnde le dijo que no era así, que debía entrar a combatir con sus tropas a SL y que tendría todo el apoyo de su gobierno. Desde luego, la CVR no le creyó y pidió opinión a dirigentes acciopopulistas quienes dijeron que eso era mentira. La CVR. entonces, dejó en su informe al general Noel como un mentiroso; véase pp. 217 y 218). Más adelante, cuando todo el mundo comprendió y aceptó que no había otra solución, el tema de la militarización fue minimizado. Pues bien, en el informe final de la CVR se ve renacido el concepto y de qué manera: una de las etapas en que dividió el período conflictivo, el más importante y violento, se denomina precisamente “la militarización” del mismo. Se demuestra así nuestra tesis de la definición equivocada del conflicto, de la óptica con que la CVR vio el papel cumplido por las FFAA y la PNP, es decir, que de ninguna manera corresponde a una situación de guerra.

Es que, cuando el Estado asumió la iniciativa de la lucha contrasubversiva empleando las FFAA, llamar a ese período “la militarización del conflicto”, como si toda guerra no fuera, eminentemente, una acción militar, significa que la CVR definió la situación como cualquier cosa menos un conflicto armado. Si la CVR hubiera entendido que, a partir de diciembre de 1982, el Estado peruano emprendió una guerra frontal contra SL, otra, tal vez, habría sido la óptica con que apreció la actuación de las FFOO, mirándolas no como violadoras sistemáticas de los DDHH, sino como una fuerza que cumplía sus sagrados deberes constitucionales de la defensa nacional. Así, esa reconocida compasión con que vio el sufrimiento de las víctimas del conflicto también habría sido empleada para ver el drama de esos jóvenes soldados y oficiales que, para defender la sociedad, salían de continuo en patrullaje, sin saber si volverían sanos y salvos. Ellos, también, merecían compasión debido a que su desempeño implicaba matar a compatriotas, muchos de los cuales nada tenían que ver con Sendero, y porque ellos no podían discriminar al enemigo dentro de grupos en los que había gente que no lo era, terrible drama.

Debe haber sido sumamente difícil para la CVR establecer quiénes, dentro de tan abultado número de víctimas, fueron ajenos a los afanes militaristas de Sendero, como fue difícil para las FFOO discriminar entre senderistas y campesinos pacíficos. Porque queda claro en la legislación internacional, que quienes intervienen en las acciones bélicas y mueren en combate quedan, así, como bajas de combate y punto, no como víctimas. Ahora bien, ¿cómo tipificó la CVR las operaciones de combate entre las FFOO y el aparato mlitar de Sendero, cómo consideró las operaciones contra el aparato clandestino de SL, cuyas sedes debían, por fuerza, estar ubicadas en viviendas aparentemente pacíficas de algunos campesinos? Al parecer, no se dio el trabajo de establecer distingos entre los campesinos considerados como víctimas, lo que hubiera sido necesario si aceptaba la vigencia de un estado de guerra interna, porque evidentemente en ese caso hubiera tenido que establecer quiénes murieron como víctimas inocentes y quienes, como combatientes de SL. Como no hay evidencias de que hubiera logrado hacer ese distingo está claro que muchas de las víctimas identificadas no merecen el calificativo, lo que puede alterar dramáticamente las cifras establecidas. En el caso de las tropas, actuar contra una columna senderista o contra instalaciones del aparato cladestino eran lo mismo: operaciones de combate. Porque los senderistas clandestinos se defendían con armas y explosivos y había que combatirlos de la misma manera, ¿o es que la CVR considera que las acciones contra tal aparato debían ser de carácter policial, de ahí que a todos los campesinos muertos los consideró víctimas de la "guerra sucia" de las FFOO, de sus acciones genocidas, según la prédica senderista?. Hay que recordar que las operaciones policiales contra SL fracasaron hasta 1982 y que a partir de 1983 se trataba de hacer la guerra a SL. Desde luego, esto se refiere al combate en el campo, en las ciudades sí era posible aplicar los procedimientos policiales en la reducción del aparato clandestino. Y así se hizo. Al hacerlo, las FFOO demostraron que los criterios estratégicos empleados eran muy flexibles, no rígidos ni sistemáticos en su violencia, como dice la CVR.


3. El número de Víctimas
La CVR pudo identificar a 23,969 víctimas (p. 17), cantidad, de manera general, coincidente con los cálculos de organizaciones que hicieron el seguimiento del conflicto. En efecto, hasta la captura de Guzmán los senderólogos y otros estudiosos del problema manejaban dos cifras: 20 mil muertos y 25 mil millones de dólares como pérdida material. Las más de 23 mil víctimas identificadas por la CVR resultan lógicas, porque los cálculos iniciales no podían ser completos, habida cuenta que se podía esperar un número mayor, de víctimas no reportadas. Ahora bien, según un procedimiento estadístico sofisticadísimo, que muy pocos conocen, hizo una proyección según la cual, las víctimas ascendían a 69,280 (misma página), es decir, más de 45 mil nuevas víctimas, lo que es, a todas luces, exagerado. De ese total, la CVR culpa a SL de producir el 54% de víctimas, y a las FFOO, rondas, comités de autodefensa y grupos paramilitares, de ser los autores del 37% de las mismas. Específicamente, las FFAA son responsables de poco más de los ¾ de estos casos, es decir, algo más de 19 mil víctimas. No resulta claro si entre las víctimas que se achacan a las FFAA están considerados los senderistas muertos. Si así fuera, ya vimos que ellos no merecen el calificativo de víctimas, por razones absolutamente obvias. Si no fueron considerados, la CVR está afirmando que las FFOO mataron a más de 19 mil campesinos que nada tenían que ver con el conflicto, que es como sugerir que el personal de las bases tenía una rutina de matanzas bien activa, lo que, desde luego, es inaceptable.

Refuerza la tesis de la CVR respecto al número de víctimas proyectado, su afirmación de que todavía hay una cantidad muy grande de fosas comunes identificadas, pero no abiertas (concl. 169, p. 465). Estas son más de 2000, número ciertamente impresionante (el total de entierros verificados por la CVR es 4644). Lo que hay que decir al respecto es que era previsible enfrentar este problema, pues sabemos que SL nunca dejaba sus muertos en el campo de batalla, se las ingeniaba para recogerlos, de manera que tenía que enterrarlos en algún sitio, como hacen las tropas, en cementerios temporales hasta poder llevarlos a sus familias. Y porque también debía haber gentes que no tuvieron la oportunidad de testimoniar ante la CVR y ellos podían aportar datos que amplíarían el número de vícitimas identificadas y, desde luego, el número de entierros no reportados.


4. Algunas muestras del sesgo antimilitarista
Tal vez la mejor muestra de este sesgo se encuentra en esta afirmación de la CVR : “En varios lugares, una vez controlada la amenaza subversiva armada, las poblaciones quedaron bajo dominio militar por extensos períodos” (p. 19). ¿Qué quiere decir la CVR en su referencia a ese dominio militar? Cuál sea la idea de la CVR al respecto, es evidente que el lenguaje empleado es incorrecto, pues esas poblaciones liberadas pasaban a estar bajo la protección de las FFOO, no bajo su dominio.

En el fondo, el sesgo antimilitarista nace del antimilitarismo de algunos comisionados y pudo aflorar por la forma en que la CVR interpretó la finalidad de su cometido. Parece claro que la CVR hizo su mayor esfuerzo en la investigación de las violaciones a los derechos humanos (DDHH), lo que ciertamente es un aspecto importante de su tarea pero, no el único. Se le encargó descubrir la verdad de todo el proceso iniciado por SL el 17 de mayo de 1980 en Chuschi, lo que implicaba profundizar en aspectos tan importantes como el desarrollo del conflicto, la metodología empleada por ambos contendientes, en fin, buscando entender lo más profundamente la naturaleza del conflicto. La CVR cumplió de manera general este cometido pero muy superficialmente y bajo la orientación de la idea maestra de encontrar, fundamentalmente, violaciones a los DDHH, lo que sólo podía lograr mirando a las FFAA no como defensoras del Estado y la sociedad, sino como violadoras de tales derechos. Esto es resultado de la negativa de la CVR de darse por enterada de que aquí hubo una guerra. Cuando señala los períodos en que estudió el proceso lo hace poniendo como hitos conocidas matanzas cometidas por miembros de las FFOO o SL, hermanando a ambos contendientes en tanto autores de esas ilegales acciones. Véase como establece los períodos del conflicto, en función de su orientación y su metodología, es decir, del desarrollo de la violencia, no de la realidad conflictiva:-Inicio de la violencia armada (May 80 - Dic 82)

-La militarización del conflicto (desde la instalación del comando político-militar del general Noel, el 29 Dic 82, hasta la matanza de los penales, el 18 y 19 Jul 86).
-El despliegue nacional de la violencia (desde dicha matanza de los penales, por las FFOO, hasta el ataque senderista al puesto policial de Uchiza).
-La crisis extrema, ofensiva subversiva y contraofensiva estatal (May 89 - Set 92). Concluye con la captura de Guzmán Reynoso.
-Declive de la acción subversiva, autoritarismo y corrupción (Set 92 -Nov 2000).

El antimilitarismo de la CVR se expresa, principalmente, con un inocultable desprecio por la institución militar, como si quisiera separar claramente a los uniformados de los civiles. No hay otra forma de interpretar este párrafo del prefacio del indicado libro (p. 10): “De cada cuatro víctimas, tres fueron campesinos o campesinas cuya lengua materna era el quechua (…) La CVR no ha encontrado bases para afirmar, como alguna vez se ha hecho, que éste fue un conflicto étnico. Pero sí tiene fundamento para aseverar que estas dos décadas de destrucción y muerte no habrían sido posibles sin el profundo desprecio a la población más desposeída del país, evidenciado por miembros del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL) y agentes del Estado por igual, ese desprecio que se encuentra entretejido en cada momento de la vida cotidiana de los peruanos”. Aquí también se pone en el mismo nivel moral a las FFOO y SL. Afirmar, además, que las FFOO sienten desprecio por los peruanos más desposeídos es desconocer que las FFAA están integradas en su inmensa mayoría (su tropa) por peruanos de ese nivel. Sepan los comisionados que firmaron el documento que analizamos, que en el Ejército una de las principales responsabilidades de los oficiales es velar por el bienestar de la tropa, porque los soldados sientan que el servicio militar es una agradable experiencia que enriquece su vida. Y sepan, también, que una vez licenciados los clases y soldados, la inmensa mayoría de ellos recuerda con cariño su vida en el cuartel y a sus oficiales, y que concurren masivamente a las invitaciones que les hace el Ejército en determinadas ocasiones.

El desprecio hacia los institutos militares se hace patente, igualmente, cuando dice (p.11) que ha “encontrado que los crímenes cometidos contra la población peruana no fueron, por desgracia, atropellos de ciertos sujetos perversos que se apartaban, así, de las normas de sus organizaciones. Nuestras investigaciones de campo, sumadas a los testimonios ya mencionados y un meticuloso análisis documental, nos obligan a denunciar en términos categóricos la perpetración masiva de crímenes coordinados o previstos por las organizaciones o instituciones que intervinieron directamente en el conflicto”. Para redondear la idea, la CVR podía haber concluido que, "ergo, las instituciones militares son perversas", igual que SL, pues se supone que incluye a la organización subversiva en la categoría de “las organizaciones o instituciones que intervinieron directamente en el conflicto”.

La CVR ha recibido 17 mil testimonios de las víctimas (p. 10). ¿Cuántos recibió de los campesinos que no entran dentro de esa categoría? Al parecer ninguno, pues sólo así se explica ese pésimo concepto que tiene de las bases contrasubversivas (BBCCSS) y esa desconfianza que muestra respecto a la táctica del general Noel traducida en la ocupación del territorio, que, al punto de vista de las operaciones tácticas, era la más lógica. La CVR desconfía de esa táctica porque asumió el convencimiento de que las bases servían para asegurar el “dominio” (fuente de abusos) de las FFOO sobre el campesinado. Para demostrar que esa falencia (la falta de testimonios de quienes no eran víctimas) no era tal, la CVR asevera que conversó con representantes de todas las organizaciones que intervinieron en el conflicto (lo hizo varias veces con el mismísimo Abimael Guzmán). Hasta donde sabemos, citó a los comandos político-militares de la época, aunque a muchos de ellos en la víspera de la publicación del informe final -recibir sus testimonios, resultaba así, como dicen los irreverentes, un saludo a la bandera-, y a varios oficiales de mando intermedio, a quienes sometió a un interrogatorio como si estuvieran en un juicio. Lo lógico era que tuviera un asesor militar con amplia experiencia en el manejo de los problemas operativos, a fin de que les diera criterios, los ilustrara respecto a ciertas complejidades y sutilezas de la guerra no convencional. Esto era indispensable, pues se desprende de las conclusiones de la comisión que le faltó el marco teórico imprescindible para abordar con solvencia el estudio del conflicto. No buscó ese asesoramiento permanente, seguramente, porque decidió desde el inició que tenía que demostrar la actitud ilegal de las FFOO, lo que hacía inútil e impropio ese asesoramiento, y por la desconfianza que le inspiran los uniformados, por ese antimilitarismo que, es sabido, algunos de los comisionados, gente de extrema izquierda hasta no hace mucho tiempo, tenía a flor de piel. La CVR se sintió cómoda, bien asesorada seguramente, por la presencia de un general de la FAP entre sus integrantes, que además era asesor del presidente de la república. El, sin duda, eficientísimo general FAP Luis Arias Grazziani, sin embargo, no tiene experiencia sobre el combate terrestre, de manera que hubiera sido preferible ese asesoramiento ya mencionado.

Estimamos que, para probar la existencia de un sesgo antimilitarista en el informe final de la CVR, basta con lo anotado. Sin embargo, hay que señalar algo más, que puede reforzar esta tesis: el hecho de que confunde a Vladimiro Montesinos con las FFAA, como cuando sostiene que éstas establecieron un “arreglo” con los narcotraficantes. Esta aseveración no sólo es audaz, ligera, es también indignante, ultrajante para las FFAA. En su conclusión # 62 (p. 443), dice que a partir del golpe de estado de 1992, las FFAA establecieron “una tregua con el narcotráfico al definir al PCP-SL como enemigo principal, que debía ser aislado del campesino cocalero. En algunos casos y sobre todo a partir del ascenso de Vladimiro Montesinos, esa tregua se convirtió en alianza”. Cuando la CVR sostiene, en este párrafo, que “el Doc” es personaje representativo de las FFAA, tiene una venda en los ojos (la del antimilitarismo más visceral, sin duda). Por lo demás, precisar que a partir de 1992 las FFAA definieron a SL como el enemigo principal, resulta un error bastante ingenuo, pues en ningún momento las FFAA desconocieron quién era su enemigo principal desde diciembre de 1982. Lo que queda claro, lo que todo el mundo sabe, en todo caso, es que Montesinos, no las FFAA, tuvo arreglos con el narcotráfico y, sin duda, para ello contó con la complicidad de algunos oficiales en el alto mando y en los niveles operativos. Y que es verdad que los militares tuvimos problemas de narcotráfico, pero a nivel local, en el Alto Huallaga principalmente, no a nivel institucional. De manera que no hubo ningún “arreglo” entre las FFAA y el narcotráfico. El "arreglo" fue, reiteramos, entre Montesinos y "Vaticano", y seguramente con otros capos de la droga.

5. El sesgo sociologista
El título de este párrafo quiere sugerir que los análisis y conclusiones de la CVR se vieron sesgados por criterios nacidos de la Sociología y, tal vez, de la Psicología Social. Siendo la guerra un fenómeno social, es necesario emplear criterios multidisciplinarios para estudiarla, sin ninguna duda, pero si esos criterios son mal aplicados no funciona bien la cosa. En el caso de un conflicto social muy violento, como parece ser la caracterización del conflicto interno peruano, por la CVR, de igual manera. Veamos algunos casos de ese sesgo:

a. Cuando la CVR dice que el racismo de SL lo llevó a iniciar y ejecutar su guerra en el ámbito más pobre del país, por el desprecio que siente por esa gente, comete un error mayúsculo. Porque decir que los senderistas, que eran gente en su mayoría también de un estrato socialmente bajo, desprecia a esos compatriotas por racismo, es una aseveración ligera. En primer lugar, hay que ver la calidad del racismo que padecemos los peruanos. En reciente entrevista que Marco Aurelio Denegri sostuvo en su programa televisivo con el doctor José Matos Mar, este eminente estudioso de la realidad peruana restó peso al mentado racismo nuestro como motor de los fenómenos sociales nacidos del desborde popular de los años 60, tema en el que nadie le disputa su sapiencia. Por mi parte, puedo abundar en eso de restarle fuerza a nuestro racismo, comparándolo con el ecuatoriano, que conozco de cerca. Racistas son los ecuatorianos, que en su composición social tienen dos sectores: los indios (allá no es mala palabra, como aquí) y los negros, que mantienen sus características primigenias, simplemente porque el resto de ecuatorianos no se quiso mezclar con ellos. Casi no hay en el Ecuador mulatos o esa variedad tan hermosa de nuestras negras; allá son, en su inmensa mayoría, negros y punto. Tampoco hay valores culturales o políticos entre los negros, como aquí tenemos. No hace mucho hubieron dos negros en el Congreso ecuatoriano; a uno lo asesinaron y al otro lo desaforaron y lo metieron en la cárcel (aunque después salió libre y recuperó su curul, hasta donde recuerdo). En consecuencia, si es creible que Abimael sea racista extremo, el que haya diseñado su estrategia influido por ese rasgo de su personalidad, no lo es. La verdad es que otras razones le llevaron a iniciar y desarrollar su guerra popular en los ámbitos serranos más pobres, donde viven mayormente quechuahablantes.

En primer lugar, lo hizo por comodidad: su movimiento empezó en la Universidad de Huamanga y, en vez de trasladarlo a la ceja de selva antes de iniciar su guerra popular, prefirió hacerlo en la Sierra centro sur, que estaba a pie de obra, como decimos los militares. Dicho sea de paso, lo mismo opina el francés Henry Favre, posiblemente el senderólogo mayor entre los extranjeros que han estudiado a SL. En segundo lugar, su discurso era inaceptable para la inmensa mayoría de peruanos, pues estaba basado en premisas falsas, como aquello de la existencia de una situación revolucionaria en desarrollo en nuestro país. Entre quechuahablantes, que casi no entienden el castellano, lo del discurso inaceptable perdía importancia; lo cierto, en todo caso, es que SL actuó entre ellos intimidándolos no convenciéndolos. Para reforzar esta tesis, recuérdese que nunca pudo penetrar ideológicamente ni mediante una presencia masiva en el valle del Mantaro, porque, evidentemente, el campesino de ese ámbito es diferente al de las alturas, que es ajeno a la modernidad. Su éxito de penetración entre el campesinado pobre –al que sometió, dominó, en la más amplia significación de estos vocablos- no pudo repetirlo ni entre los sindicatos mineros e industriales ni entre las organizaciones populares de los espacios urbanos, principalmente de Lima.

b. Una muestra más de este sesgo se encuentra en la aseveración ya analizada respecto al desprecio que las FFAA sienten, en opinión absurda de la CVR, por su tropa.

c. Otro error de la CVR es considerar que SL llegó a tener gran influencia entre los jóvenes y, de manera general, sobre el campesinado. Sin duda lo tuvo, pero no en la magnitud de dicha apreciación. Porque la verdad es que SL fracasó en toda la línea en eso de lograr que su gente se sintiera como pez en el agua en medio de la población, según la metáfora de Mao, y a ello se debió que se impusiera por la vía del terror que producía entre los campesinos, aunque no lo logró entre las organizaciones populares y sindicales de los espacios urbanos, especialmente en Lima. De hecho, el amedrentamiento fue su recurso preferido para reclutar a sus militantes. Tan segura está la CVR de la alianza que existía entre Sendero y el campesinado que dice que la represión indiscriminada de las FFOO retrasó la ruptura de los campesinos y SL (concl. 59, p.443), lo que no es exacto. Lo que existió fue una alianza de las FFOO y el campesinado, que se tradujo en la organización de comités de autodefensa y rondas campesinas. Aún más, esa alianza enriqueció la estrategia militar, pues la acción conjunta de tropas y rondas le negó el espacio serrano a SL y le obligó a volcarse definitivamente hacia el terrorismo urbano.

6. Conclusiones
a. El análisis que aquí se hace de algunos aspectos contenidos en el informe final de la CVR no agota el tema, pero basta para probar los principales sesgos que se pueden encontrar en él. Esos sesgos nacen de su orientación inicial, la que es congruente con el inocultable antimilitarismo de algunos de los miembros de esa comisión. Mucha gente encuentra extraño que dicho informe final no haya calado en la conciencia de los peruanos, que éstos no se muestren receptivos ante sus conclusiones y que, más bien, permanezcan indiferentes ante ellas. Hay que entender que esa indiferencia resulta de que mucho de lo que afirma la CVR es difícil de digerir. Lo del número de víctimas, por ejemplo. Hace muy poco, el presidente Toledo se refirió a 30 mil víctimas, demostrando públicamente que no acepta la cifra proclamada enfáticamente por la CVR: 69,280, ni una más ni una menos, así de redonda resulta ella. Desde luego, hay quienes, como el ministro de Defensa, la aceptan. Recientemente, en una entrevista televisiva, el general Roberto Chiabra se refiriró a 70 mil víctimas. Sin duda, es uno de los poquísimos militares que, habiendo participado en el conflicto, aceptan esa abultadisima cantidad.

b. El evidente antimilitarismo de la CVR y su terca postura sobre la naturaleza del conflicto, que niega la vigencia de un estado de guerra interna, han dado lugar a que las FFAA hayan resultado, en el informe final, melladas en su imagen de la manera más enfática, pues la CVR califica su desempeño como delincuencial. Sobre este punto, sépase que la CVR ha denunciado a los comandos político-militares que comandaron la lucha contra Sendero, por haber cometido delitos de lesa humanidad. Y los ha denunciado en bloque. Como ese delito no está tipificado en la legislación penal nuestra, dichos comandos están en peligro de ser procesados como asesinos. Y como el Tribunal Constitucional ha hecho difícil el desempeño de la justicia militar, estamos ad portas de asistir al espectáculo de unos juicios tan publicitados como el de la cúpula senderista, con quienes defendieron al Estado y la sociedad peruanos en el denigrante banquillo de los acusados, terrible panorama.

c. Como consecuencia de todo esto, el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación lo que ha logrado es profundizar las diferencias acostumbradas entre la sociedad peruana y sus FFAA, y establecer obstáculos para conseguir, más adelante, la necesaria reconciliación nacional.

Coronel EP Teodoro Hidalgo Morey
01 de diciembre del 2004

 
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