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martes, 23 de enero de 2018
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Los pecados los cometemos todos

Raúl González

Tratar a los terroristas como traidores a la patria, juzgarlos en tribunales militares y someterlos a rígidas condiciones carcelarias así como tomar distancia con las famosas ONG de Derechos Humanos, no son como creen algunas personas un invento del “fujimorato” sino radicales políticas propuestas por distintos sectores políticos y analistas peruanos en los años ochenta.

Estas propuestas, defendidas por muchos, entre ellos por el diario El Comercio, fueron hacia mediados de la década del ochenta asumidas por las Fuerzas Armadas y luego hechas suyas por el gobierno del Presidente Alberto Fujimori que las convirtió en la piedra angular de sus políticas contra el terrorismo.
Cualquier evaluación que se haga de la estrategia contrasubversiva puesta en práctica en el Perú no debe ignorar una realidad que es parte de la historia peruana porque se puede terminar sosteniendo que la estrategia contrasubversiva de los ochenta fue buena y democrática y la de los noventa una desgracia cuando no una perversidad. O al revés, que lo bueno solo se hizo en los noventa y todo lo pasado fue nefasto.

La estrategia que triunfó frente a Sendero Luminoso, con lo positivo y negativo que en ella se encuentre, fue plasmándose lenta y progresivamente, fue un proceso con aciertos y caídas, a veces estrepitosas. En el mejor sentido de la palabra, una “creación heroica” donde los peruanos que se compraron el pleito, con seguridad se equivocaron una y otra vez.

La cita al decano de la prensa nacional no es gratuita y sólo busca recordarle a muchos de los recién llegados analistas en temas de seguridad –no necesariamente jóvenes ellos- que en el Perú nadie puede tirar la primera piedra, por más pergaminos democráticos que hoy puedan levantar, y que el escribir la historia desde un gabinete y juzgar a sus actores con los criterios actuales, es la tarea más sencilla del mundo. Lo difícil es adoptar en el momento adecuado decisiones correctas y justas y eso es lo que se debe aprender de una historia que deja enseñanzas sobre los riesgos de tomarlas con el hígado o con la soberbia e irresponsabilidad de quien detenta el poder.

Los derechos humanos.-

Hoy se habla del respeto irrestricto a los derechos humanos. Y se hace bien. Ellos deben ser respetados a cualquier precio y nunca y por ningún motivo deben ser puestos al margen de una decisión política. Esa es una primera lección que los años de violencia le dejan a todos los peruanos. Sin embargo, hace algunos años no todos estaban convencidos que eso debía ser así.

En 1983, Amnistía Internacional denunció que desde 1981 se venían violando los derechos más elementales en Ayacucho. El entonces Presidente de la República, Arquitecto Fernando Belaúnde Terry, no hizo caso del llamado de atención y dijo: “los informes de Amnistía Internacional los tiro al tacho de la basura”.

El diario El Comercio justificó y apuntaló tal posición refiriéndose a los informes de Amnistía de la siguiente manera:

“El sustento de tales aseveraciones son los informes hechos por un conocido sector irresponsable de la prensa nacional y por algún parlamentario que se ampara en la impunidad de su cargo, para desprestigiar el sistema democrático ante la comunidad internacional. En el caso de Amnistía Internacional, nos encontramos con versiones falsas de los hechos. De ahí que ha hecho bien la representación peruana al sostener en las Naciones Unidas que para proteger los derechos humanos no hay que usar parcialidad y desinformación”. (El Comercio. 22.09.83).

Los diarios aludidos eran La República, El Observador y El diario de Marka y el parlamentario, Javier Diez Canseco.

El combate sin ley.-

El combate a la subversión, que siempre debió caminar de la mano de la ley, tampoco fue, desde un primer momento, entendido así. En julio de 1983, Sendero Luminoso provocó un apagón para atacar a mansalva el local central de Acción Popular y asesinar a varios militantes del partido gobernante.

La reacción de los afectados, si bien pudo ser comprensible no fue la más pertinente porque Javier Alva Orlandini aprovechó de la oportunidad para exhortar a las Fuerzas Armadas y Policiales para que: “tiren a matar contra los terroristas de Sendero Luminoso, hasta aplastarlos para siempre”. Pedido que formuló momentos después de haber anunciado que el cuerpo de seguridad del local central de Acción Popular sería equipado con armas de fuego a fin de prevenir nuevos ataques. (Todos los diarios. 13.07.83)

Por esos días, Francisco Igartua, el director de la revista Oiga sostenía editorialmente lo siguiente:

“Estamos en guerra, en guerra sucia; ¿habrá alguna vez guerra limpia?, y es hora de entender que no se puede seguir escamoteando esta situación. Frente a una rebelión como la de Sendero, al margen del contenido social e histórico que ésta pueda tener, el gobierno está en la obligación de aplastarla. Después vendrán los correctivos políticos, sociales y económicos que las causas de la rebelión exigen. Primero viene la pacificación, después la acción social. No se ha visto jamás otro procedimiento en la redondez de la tierra. Y para aplastar una rebelión, se requiere emplear armas y poner en funcionamiento a los Tribunales Militares para que se ocupen de castigar sumariamente a confidentes, informantes, tránsfugas y otras variantes del quintacolumnismo”. (Oiga No. 192. 10.09.84).

Aunque pueda parecer poco creíble, Oiga recogía el sentir de buena parte de la población pero también de la clase política del país.

Traidores a la Patria y tribunales militares.-
Para casi todos los peruanos el declarar traidores a la patria a los senderistas fue una aberración que solo pudo haber salido de cerebros como los de Fujimori o Montesinos cuando no de algún despiadado e inmisericorde general. En honor a la verdad, tal afirmación no es correcta.

El 21 de octubre de 1980 en la Cámara de Senadores del Congreso se presentó un Proyecto de Ley para que se declarara a los actos de sabotaje perpetrado por los senderistas como “delitos de traición a la patria”. El proyecto, que puede encontrarse en el “Diario de los Debates” de la “Primera Legislatura Ordinaria de 1980”, fue presentado ni más ni menos que por el entonces Senador y Segundo Vicepresidente de la República, Javier Alva Orlandini. Es decir, por la misma persona que, en la actualidad, ostenta la presidencia del Tribunal Constitucional y que en tal condición derogó escandalizado la ley dada en el “fujimorato” donde se declaraba al terrorismo como acto de “traición a la patria”.

El proyecto no prosperó porque la izquierda, con Genaro Ledesma a la cabeza, el APRA y muchos acciopopulistas no le dieron luz verde. Sin embargo el Presidente Fernando Belaúnde repitió una y otra vez que los terroristas eran “traidores a la patria”. La más dura alusión la hizo cuando, a propósito de la pertinencia de dialogar con Sendero, posibilidad que venía siendo planteada por el entonces Fiscal de la Nación Miguel Cavero y por el líder aprista Armando Villanueva y el izquierdista Ricardo Letts Colmenares, no sólo descartó tal posibilidad sino que visiblemente enojado dijo refiriéndose a los senderistas “para mí son traidores a la patria”, además “no son políticos sino un grupo de delincuentes”. (Todos los diarios, 05.09.83).

Es cierto que el proyecto de Alva Orlandini fue muy criticado por casi toda la prensa, sin embargo algún tiempo después, el diario El Comercio sostendría lo siguiente:

“Es en principio alentador que se haya tomado la trascendental decisión de otorgarle la conducción de la lucha antiterrorista a las Fuerzas Armadas ; aunque creemos que ello debió hacerse con mejor oportunidad. Reiteramos que es necesario revisar y ampliar la ley antiterrorista, para tipificar a los senderistas como traidores a la patria en el estado técnico actual de la guerra interna, y para conferir atribuciones especiales en este campo a los tribunales militares. También, advertimos la necesidad de que se replanteen los esquemas carcelarios para convertir las prisiones en centros de reeducación y no de mayor adiestramiento de terroristas. Si esto no se hace oportunamente, la sola represión del terrorismo será insuficiente para pacificar el país” (El Comercio. 10.07.84).

Es decir, se introducía un tema que luego sería retomado por lo militares y que se discutiría una y otra vez, sin llegar a aprobarse, durante todo el gobierno del Presidente Alan García: los tribunales militares a los que luego el “fujimorato” le daría no solo luz verde sino carta blanca para hacer lo que quisieran.

Las cárceles.-

El tema de las cárceles se planteó desde esos años. Es cierto que lo que pasaba por entonces no tenía nada que ver con lo que ocurre en la actualidad. Sin embargo, es bueno recordar que desde ese tiempo se habló de privilegios y de mano blanda para con los terroristas. Es por eso que los sucesos ocurridos con motivo del motín de los penales en 1986, no pueden dejar de tomar en cuenta el contexto.

En ese entonces se sostenía que desde las cárceles se planificaban atentados y se veía con preocupación lo que allí ocurría. El Comercio había tratado el tema en repetidas oportunidades y no ocultaba, como muchos peruanos, su sincera preocupación. En 1984, por ejemplo, sostenía lo siguiente:

“Queremos reiterar lo que hemos dicho muchas veces en esta columna: El Frontón se puede estar convirtiendo en una verdadera bomba de tiempo. Es errado seguir manteniendo a los acusados por terrorismo aglutinados y en condiciones verdaderamente privilegiadas. Por ello, creemos que la política carcelaria en este sentido está equivocada” (El Comercio. 09.10.84).

Por esa razón cuando ocurrieron los motines de 1986 y se debelaron como sabemos, el decano de la prensa nacional sostuvo en un editorial lo siguiente:

“la ciudadanía ha comprendido que dada la situación creada no había otra solución que la adoptada por el gobierno, respaldando a las Fuerzas Policiales y Militares que están cumpliendo a costa de algunas bajas, entre oficiales, técnicos y subalternos, con su misión fundamental de avanzar en el control de la seguridad y la defensa interna del país, con presencia de fiscales y miembros del Poder Judicial. Aunque no se ha practicado un balance oficial de los acontecimientos se considera que ha habido cientos de muertos y heridos, cosa que tenemos que lamentar. Más nada distinto podía haberse hecho” (El Comercio. 20.06.86).

Veleidades “fujimoristas”.-

Durante el gobierno del Presidente Alberto Fujimori El Comercio jugó un papel importante porque respaldó todas las medidas que obviamente creyó pertinentes. Las citas me las reservo para una publicación en la que estoy embarcado, sin embargo no quiero insinuar que el decano de la prensa nacional fue parte del “fujimorismo” sino que todos los peruanos aplaudieron las acciones que consideraron positivas en la lucha contra Sendero. Nada más.

No es la intención de este breve recordaris iniciar una “campaña” contra nadie. Quien esto escribe no tiene, por fortuna, ese poder. Es simplemente un ejercicio que pretende recordarnos que en el Perú, nadie puede tirar la primera piedra y decir “soy químicamente puro”, como lo creen algunos personajes casi folklóricos del medio, porque si bien todos los peruanos se han acercado al tema de la violencia con vehemencia lo han hecho, en la mayoría de los casos, con responsabilidad cívica y sin mala fe y, como es propio en la vida, unas veces se acertó y otras simplemente se erró. No dudo, ni por un instante, que El Comercio así lo ha hecho y enhorabuena, por eso continúo respetándolo.

Finalmente en las vísperas de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad, quienes han hecho periodismo durante todos estos años –obviamente me incluyo- así como quienes han analizado el fenómeno de la subversión deberían, también, evaluar los errores cometidos para dejar a las generaciones futuras testimonio de lo bueno, lo malo y lo feo de estos años así como las lecciones aprendidas porque los periodistas también cometimos errores y “vaya que clase de errores”.

Expreso
28 de agosto del 2003

 
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